La privatización de la gestión de la Ciudad de las Artes de Valencia, que la Generalitat Valenciana prepara desde hace meses, podría esconder un “megapelotazo”. Esa es al menos la sospecha del diputado de EUPV, Ignacio Blanco, quien ve “intereses inconfesables” que lo han llevado a solicitar al Consell que paralice el proceso de privatización de uno de los recintos lúdicos más visitados de España. “Se puede estar preparando un megapelotazo que lamentaremos dentro de unos años”, alerta el parlamentario autonómico.
Dentro del lote de empresas públicas que la Generalitat Valenciana se afana en vender para reducir su déficit público no figura la Ciudad de las Artes de Valencia (Cacsa), un complejo de edificios que por sus dimensiones difícilmente encontraría un comprador y que le ha costado a las arcas públicas 1.300 millones de euros. Desde hace meses el gobierno de Alberto Fabra prepara la privatización de la gestión de los distintos bloques arquitectónicos, con la excepción del Palau de les Arts. El edificio de la ópera quedará inicialmente al margen de la “externalización” por la imposibilidad de encontrar un gestor privado capaz de revertir el déficit que suponen las representaciones operísticas.
Ni planes de futuro de rendición de cuentas
Los planes del Consell para privatizar Cacsa son un secreto a voces que pasan por la gestión de los contenidos, la única área por ahora rentable. Y desde que se conocieron el pasado año, la oposición ha exigido la comparecencia en sede parlamentaria del conseller de Economía para que los explique. Unas peticiones que han resultado infructuosas por el momento. Ni el conseller Buch ha expuesto sus planes de futuro para Cacsa ni ha rendido cuentas sobre el resultado de la explotación privada de l’Umbracle y l’Oceanogràfic, los dos edificios que ya funcionan con gestión privada.
Un sospechoso antecedente
Además de para hacer caja, tras los planes privatizadores de la Generalitat “puede haber otro tipo de intereses inconfesables para que se licite la adjudicación de la explotación del complejo primando criterios subjetivos por encima de la oferta económica”, que solo alcanzaría el 30% de la oferta económica, según señala el diputado de Esquerra Unida.
Una situación que no sería ninguna novedad porque, como publicó ELPLURAL.COM, la empresa Over Marketing, conocida como la Gürtel balear, logró que en 2001 la Generalitat Valenciana le adjudicara una campaña de divulgación sanitaria por 661.113 euros, a pesar de que su oferta era la más cara de las nueve que se presentaron al concurso.
“No habrá ningún tipo de control”
El diputado de EUPV ve “especialmente alarmante” que se dé prioridad a la privatización de la gestión de contenidos, que es “precisamente la más sustanciosa económicamente y donde más necesario es mantener los controles propios de una empresa pública para garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad en la contratación”. En este sentido, Blanco denuncia que “a pesar de que Cacsa es una empresa pública y se han producido irregularidades, denunciadas cada año en el informe de la Sindicatura de Cuentas, en el caso de que se encargue a una empresa privada no habrá ningún tipo de control”.
Una concesionaria implicada en Gürtel
Por el contrario, la intención del ejecutivo autonómico es la de mantener la gestión pública directa en el mantenimiento de los edificios, la más gravosa por culpa del diseño del arquitecto Santiago Calatrava y de sus conocidas pifias. “Seguramente ninguna empresa privada quiere hacerse cargo de los gastos que conlleva mantener edificios carísimos pero defectuosos”, asegura Blanco.
“La privatización es siempre un factor que favorece la corrupción”, afirma el diputado de EUPV, quien recuerda que la actual concesionaria de l’Oceanogràfic está implicada en el caso Gürtel como pagadora de un tercio de la facturación de Orange Market, -la empresa de la que era gerente Álvaro Pérez El Bigotes- por un stand de Fitur.
Con la máxima opacidad
Por otra parte, Blanco ha denunciado que el Consell no le ha facilitado la copia de contratación con las empresas Ocio y Entretenimiento Costa Este SL y Parques Reunidos Valencia SA, que gestionan en condiciones ventajosas la explotación de la discoteca de l’Umbracle y de l’Oceanogràfic, respectivamente. “Parece que el Consell quiere actuar también en este caso con la máxima opacidad y sin rendir cuentas ante los representantes de la ciudadanía”, afirma el diputado.
Unos contratos muy ventajosos
La terraza de l’Umbracle fue arrendada para su explotación como discoteca en 2007 a Ocio y Entretenimiento Costa Este S.L, por un importe de 90.000 euros al año. Un alquiler que se considera una ganga para un espacio con un aforo de cinco mil personas en la terraza y mil en la discoteca que, a precio de mercado, superaría el millón de euros.
Respecto a L’Oceanogràfic, su explotación fue adjudicada en 2002 a Parques Reunidos S.A. para un periodo de 10 años. El canon pagado por la empresa a Cacsa ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de 4’16 millones de euros en 2007 a 3’41 millones de euros en 2010, según los datos que constan en los informes de la Sindicatura de Cuentas.
Con los antecedentes de la privatización de la gestión de estos dos recintos de la Ciudad de las Artes, la alerta lanzada por el diputado de la coalición de izquierdas ante posibles “pelotazos” no parece ningún desatino. Más bien todo lo contrario.
