Alberto Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy conversan en el Congreso de los Diputados. (EFE Archivo)
Por medio de un decretazo y sin ofrecer explicación alguna, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado marcha atrás en la modificación del mapa de las oficinas registrales. Esta iniciativa, que impulsó en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pretendía ofrecer al ciudadano un servicio más eficaz y fortalecer la seguridad jurídica de un servicio público que siempre se ha caracterizado por estar íntimamente relacionado con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
En concreto, el Gobierno del Partido Socialista diseñó un nuevo mapa de las oficinas registrales, creando para ello 281 nuevos Registros de la Propiedad. Esta reforma modificaba de lleno la situación en la que se encontraban los registradores, capacitados todos ellos para cobrar directamente a los usuarios por ejercer una función pública que se reparte mediante exclusivas territoriales.
Competencia en un lobby
Al no existir apenas competencia, el Partido Socialista consideraba que el ciudadano se veía cautivo de un colectivo que actuaba como lobby y no ejercía todo el control que debía para evitar la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística. Por ello, optó por crear 281 nuevos Registros de la Propiedad con el objetivo de adaptarse a la realidad del mercado y garantizar la seguridad en el tráfico jurídico.
Coto a la reforma socialista
De este modo, se impulsó el asentamiento de casi 300 nuevos organismos en localidades que, a veces, superaban incluso en población y desarrollo económico a las propias capitales de provincia. Una iniciativa que ahora ha quedado en agua de borrajas a raíz del Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de febrero en el que se insta a la supresión de más de 80 Registros de la Propiedad en toda España.
Más de medio millón de euros al año
Se produce, de este modo, la supresión de decenas de Registros de la Propiedad sin seguir los trámites de demarcación registral que ordena la Ley Hipotecaria y sin recabar los informes necesarios de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. A cambio, el Partido Popular consigue paralizar la demarcación registral ideada por el Partido Socialista que ponía coto a las ganancias de muchos registradores -según datos de la revista de información Atlántica XXI, estos beneficios superaban de largo el millón y medio de euros al año-.
Negocio redondo
En la práctica, el decretazo de Alberto Ruiz-Gallardón consigue que en España haya menos registradores, logrando así que los pocos existentes se repartan unas ganancias millonarias que serán aún mayores gracias a la intención del Ministerio de Justicia de poner el Registro Civil en manos de los registradores de la propiedad –pudiendo gestionar la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios-.
Favoreciendo el Registro de Rajoy
Además, con esta orden ministerial se suspende la creación del Registro de Santa Pola 2, de forma que todo el negocio registral de esta localidad alicantina paradigma de la burbuja inmobiliaria será monopolio exclusivo para el Registro número 1, cuyo titular es el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.
La denuncia de El País
Cabe recordar que, -según denunció el periodista de El País Miguel Ángel Aguilar el 15 de junio de 2010-, el presidente del Gobierno sigue figurando como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola y podría haber obtenido un alto porcentaje de unas ganancias que alcanzarían los 20 millones de euros.
¿Dinero extra?
Precisamente, el pasado mes de septiembre Izquierda Unida preguntó por escrito al Partido Popular si Mariano Rajoy se embolsa cada año 325.000 euros extra. Es decir, si obtenía el 25 por ciento de lo que gana su sustituto en Santa Pola. Dos meses después, el Gobierno respondió a la formación de izquierdas afirmando que Rajoy “no ha recibido retribución alguna por su condición de registrador” pese a estar “en situación de servicios especiales y con reserva de plaza”.
El PP no opina sobre el Decretazo
ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con el Partido Popular para conocer si este cambio en la Ley estaría motivado para favorecer los intereses del presidente del Gobierno. Desde la Oficina de Prensa del PP han remitido a este periódico al Gabinete de prensa del Ministerio de Justicia.
Niegan presiones
A este respecto, el Gabinete de prensa de Alberto Ruiz-Gallardón ha explicado a este periódico que se ha realizado la modificación del mapa de las oficinas registrales para adaptarse a la nueva situación económica debido a que la situación de 2007 dista mucho de la actual. “En realidad, no se suprimen oficinas, sino que se suspenden hasta enero de 2015”, añaden desde el Ministerio de Justicia. Asimismo, niegan cualquier tipo de presiones por parte de los registradores de la propiedad y reconocen que el Registro de Santa Pola 2 es uno de los afectados en su reforma, pero aclaran que Rajoy está en situación de servicios especiales y por tanto, no recibe remuneración económica alguna.
