El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo
La privatización de los análisis clínicos en la Comunidad de Madrid "ha puesto en riesgo la vida de los pacientes", en algunos casos enfermos de gravedad, según denuncian los propios médicos y se desprende de partes de incidencias a los que ha tenido acceso la Cadena SER. Según el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio, la Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado a las empresas implicadas, pero no lo hizo. En un comunicado, publicado tras la información de la SER, la Consejería de Sanidad alega que desconocía esas incidencias.
Retrasos, equivocaciones, repeticiones...
Desde que en 2009 el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes dejó en manos privadas los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales inaugurados por Esperanza Aguirre, se han sucedido graves incidencias, como retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado los especialistas, análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles.
Los médicos han denunciado a través de cartas, mails y partes de incidencias
Las denuncias han sido realizadas por los propios médicos, que han enviado a los máximos responsables cartas, mails, y partes de incidencias en las que advierten de la gravedad de los problemas, de los "retrasos injustificados con consecuencias muy graves", según los citados documentos.
La UTE integrada por Balagué y BR Salud
Los problemas se iniciaron desde que en 2009 empezó su gestión el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, un laboratorio público, pero gestionado por una UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por el Laboratorio Balagué y BR Salud.
Los análisis se realizaban en Barcelona
Antes de que el Laboratorio Balagué vendiera su parte a Unilabs, enviaba a Barcelona todas las pruebas que no se pueden realizar en el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. Aquí entraban análisis genéticos muy delicados para descartar enfermedades muy graves. Esta circunstancia causaba grandes retrasos en los resultados, según han denunciado los médicos. "Había todo tipo de retrasos, incluso en pruebas rutinarias de bioquímica, por ejemplo, en pruebas de citratos, pruebas que tenían que tardar una semana, no llegaron en meses", afirma una de las fuentes consultadas por la SER.
Casos de incidencias graves
En mayo del año pasado, los médicos se enteraron de que el Laboratorio Balagué se había quedado sin reactivos, que son un elemento indispensable para realizar los análisis. Esto provocó que varias pruebas, algunas incluso muy dolorosas como las punciones lumbares tuvieron que repetirse porque las muestras para extraer 'líquido encefaloraquideo' ya no eran útiles después de tantos meses de espera.
Un parte de incidencia con fecha de junio de 2012 da cuenta de una paciente con leucemia, que no tenía los resultados después de seis semanas, pese a que debería tenerlos. Su médico advirtió a la dirección del Laboratorio Central que ese retraso "pudo conllevar la muerte de la paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y tratamiento".
La Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado
La Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado a las dos empresas adjudicatarias del servicio, según el pliego de condiciones del contrato, como una "falta grave", sancionada con hasta 90.000 euros de multa. Pero el Gobierno madrileño no ha tomado cartas en el asunto.
El Gobierno madrileño se lava las manos
En un comunicado, la Consejería de Sanidad alega que no tenía conocimiento de esos retrasos en las pruebas que se denuncian y asegura que "sancionará cualquier comportamiento irregular o cualquier retraso injustificado en el procesamiento de muestras que sea puesto en su conocimiento con la documentación adecuada."
El comunicado añade que "el funcionamiento del Laboratorio Central discurre con normalidad y que los tiempos de los análisis cumplen sus plazos."
Güemes, su contratación por Unilabs y su dimisión
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, que fue el encargado de llevar adelante la privatización del servicio de análisis de hospitales madrileños, se vio forzado a dimitir de su puesto como consejero de Administración en Unilabs (la empresa que ha comprado su parte a Balagué), por la polémica que su fichaje había provocado.
