Patata caliente
Los magistrados Juan Saavedra, presidente de la Sala II de lo Penal, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, Miguel Colmenero y José Manuel Maza que pertenecen a la sala de admisiones, han decidido pasar esta “patata caliente” de la querella contra el presidente de todos ellos y de todos los jueces, el próximo miércoles al Pleno de la Sala de lo Penal. En fuentes judiciales consultadas, esta decisión “era de prever dado que el tema tiene la suficiente trascendencia como para que los jueces de la sala de admisión quieran que el conjunto de sus compañeros magistrados, tomen postura”.
Que todos se mojen
En una especie de “Fuenteovejuna, señor”, no está claro si los magistrados han tenido divergencias sobre la inadmisión de la querella o si han decidido pasar la deliberación al pleno para que en conjunto se apruebe o deniegue . En este caso, las posturas o pertenencias a asociaciones o simpatías de otra índole, se han obviado. “Es posible que se trate de que se mojen todos los magistrados de la misma sala, sin que de inicio la sala de admisión tenga que tomar postura. Si es por desacuerdo o por acuerdo, probablemente sea lo menos importante”.
El posible juez instructor en la reserva
Decidir si se juzga al jefe no es fácil, pero para los juristas, lo más peculiar y complejo es la situación que ahora se plantea y a la que se ha adelantado un magistrado, Francisco Monterde bien por propia iniciativa, bien por decisión colegiada. Monterde no estará en el pleno del miércoles que decidirá sobre la querella a Dívar. El motivo es que en el supuesto de que se admita dicha querella, presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho”, algún magistrado debería ser por turno el instructor de dicho procedimiento. Es decir, que parece se queda “en la reserva”. Parece que todas las posibilidades están abiertas.
Sin contaminar
“El hecho de que este magistrado decida abstenerse, puede significar que le tocará a él por turno instruir esta causa en el caso de que se admita, y por tanto no debe formar parte de la decisión o si no, estaría contaminado y no podría ser el instructor”. Los recursos que presentaron con éxito los abogados de Baltasar Garzón recusando por “contaminación” a diversos magistrados de la Sala II de lo Penal que habían participado en la instrucción de sus procesos y luego intervinieron en las salas que lo enjuiciaron, han debido hacer mella en los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo.
Es complicado juzgar al jefe
Sin embargo, en ese sentido, los comentarios jurídicos eran variados. “Aunque el instructor no participe, el resto de magistrados que compongan la sala -siempre en el supuesto de que se admita la querella y esta prospere- han intervenido en la admisión, luego cabría la posibilidad de acusarles de contaminación”. Una pescadilla jurídica que se muerde la cola y que se basa en interesantes interrogantes legales nunca previstos, porque, juzgar al jefe no es lo habitual entre magistrados del Supremo.
Fiscalía, difícil distinción de lo público a lo privado
La Fiscalía del Supremo se opone a la querella porque en su informe afirma que Dívar pagó parte de sus viajes. Siempre aplicando la normativa del CGPJ, considera la Fiscalía que no hubo ánimo de lucro. Para el fiscal Martín Casallo, los límites entre lo público y lo privado son muy difíciles de delimitar cuando se trata de una autoridad con jerarquía máxima como es el caso de Dívar que además, dice pagó parte de estos viajes. Es decir ¿Cuándo la actividad pública da paso a la privada? Ese tránsito es el que el fiscal no ve fácil de distinguir en estos viajes con cenas en restaurantes de lujo y pernocta en hoteles de cuatro que no cinco estrellas y de precio ajustado para la zona (Marbella), como matizó el propio presidente del Supremo y del CGPJ en su comparecencia.
