Este régimen represivo que el Partido Popular pretende instaurar para criminalizar, y se supone que dificultar, la protesta tendrá consecuencias políticas y sociales muy graves que van más allá de la ética, de la justicia o del simple ejercicio democrático. Si todo es violencia, si la protesta legítima, pacífica y democrática se convierte en violencia, entonces la violencia desaparece. Es así. Si social y penalmente se asemeja la protesta civil democrática y pacífica con la violencia, entonces la calificación de estos actos como “violencia” pasa a ser simplemente un instrumento de represión de la protesta misma y, por tanto, lo que se derive de aquí será legitimado por la propia represión, tanto si es violencia como si no. El Partido Popular se caracteriza por pasar por encima de lo que sea siempre que sus intereses de partido (o de clase) resulten favorecidos en el corto plazo. Más allá, el caos; al PP eso le da igual.
Por supuesto que hay una discusión previa de enorme complejidad y trascendencia y en la que no podemos entrar aquí, pero que subyace a toda esta cuestión. ¿Qué es violencia, quién puede aplicarla, en qué medida, hasta dónde llega el derecho de resistencia? Pasando por encima de esa cuestión lo cierto es que en las democracias se había llegado a un cierto pacto social (siempre inestable) respecto al uso legítimo de la violencia, al derecho de protesta o resistencia etc. un pacto que, como todos los demás, se está rompiendo ahora. Desde el siglo XIX el estado ha ido recortando su derecho al uso de la violencia y la ciudadanía ha ido extendiendo los límites de su derecho a la protesta pacífica. Finalmente en democracia se acepta que sea el estado el único que puede utilizar la violencia a cambio de que los límites de la protesta pacífica sean muy amplios. Y no sólo eso, sino que el derecho a la protesta/resistencia es un derecho fundamental que el estado debe garantizar y no amenazar de ninguna manera. Ahora ese pacto, como todos los demás, puede romperse. El estado aumenta su nivel de violencia y no sólo física, sino también económica y, al mismo tiempo, intenta recortar los límites de la protesta legítima; intenta desde luego infundir miedo para las resistencias a sus mayores niveles de violencia se vayan debilitando. Puede que sea así durante un tiempo, pero no será así siempre.
Espero que esta reforma quede en nada porque nuestra Constitución y la legislación europea aun recogen el derecho de concentración, manifestación y reunión sin necesidad de permiso ni autorización previa. Pero también estamos viendo cómo la legislación española y europea es sistemáticamente vulnerada en todo lo que hace a derechos sociales al mismo tiempo que se impone una legislación neoliberal en lo económico que hay que seguir a pies juntillas o sobrevienen terribles consecuencias (o eso se nos dice, o con eso se nos aterra) Todo ello hace imprescindible que la resistencia se extienda entre la ciudadanía y que ponga coto a este atropello, a esta desposesión de nuestros derechos que es como decir de nuestras vidas. La cosa durará hasta que lo paremos.
Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
http://beatrizgimeno.es
