"Huelga política" y "riesgo de violencia"
La CEOE y Cepyme denuncian que el 29M "afecta al proceso de diálogo social" y se presentan como víctimas: "Los empresarios y la economía española en su conjunto somos meros receptores pasivos de una huelga general instrumentada como el ejercicio de una clara presión política". Insisten en que "huelgas como ésta son definidas por la doctrina con claridad como huelgas políticas" y en que han debatido en muchas ocasiones "la legitimidad de estas huelgas y la responsabilidad que se deriva de las mismas respecto a los daños que ocasionan", apelando al derecho a garantizar el derecho al trabajo. Para la patronal, el ejercicio de la huelga general conlleva "riesgo de violencia" y también cuando "como en esta ocasión" tiene "como motivación principal" poner en tela de juicio "el ejercicio de la soberanía nacional por medio del poder legislativo".
Recomiendan a los empresarios que no busquen fórmulas de flexibilidad
La circular "rechaza" expresamente la cita y advierte asimismo de que "la actitud de los empresarios no será de pasividad", aconsejándoles que "no se sustituyan las horas de trabajo del día de la huelga por otras fórmulas (vacaciones, cambios de turno, etc.)". Más adelante recuerdan las consecuencias para las trabajadores que secunden la convocatoria: suspensión del contrato de trabajo o del período de prueba mientras dure la huelga, no devengo del salario,suspensión de la obligación de cotizar, etc. Por último, piden colaboración a sus organizaciones territoriales y sectoriales para "llevar a cabo un seguimiento coordinado de la huelga, especialmente en cuanto a participación e incidencias".
UGT habla de coacciones
UGT ha emitido un comunicado en el que advierte de que sus servicios jurídicos estudiarán la circular por si pudiera vulnerar el derecho a huelga al descalificarla y al dar indicaciones a los empresarios para "coaccionar" a los trabajadores. El sindicato ve "torticeras finalidades" en la CEOE como tratar de provocar "un debate estéril" sobre la posible ilegalidad de la convocatoria al existir "reiterada doctrina y jurisprudencia sobre la legalidad de huelgas como la convocada para el próximo 29 de marzo". Además, creen que se incluye un intento de "desincentivar -¿coaccionar? cuidado, que si se participa en una huelga ilegal las consecuencias son gravísimas- la participación" y de instar a un cambio legal del derecho a huelga.
La Constitución garantiza el derecho a huelga
El sindicato que lidera Cándido Méndez lamenta asimismo que se prejuzgue la conducta de los trabajadores con alusiones a incumplimientos de los servicios mínimos o al hablar de riesgo de violencia, y denuncia un "cinismo casi sin precedentes" por parte de la patronal al apelar al diálogo social al tiempo que defienden una reforma "llevada a cabo sin diálogo alguno". El comunicado de UGT concluye recordando que "nuestro ordenamiento jurídico protege el ejercicio del derecho a huelga y que las conductas que tratan de impedirlo o limitarlo están tipificadas como delito en nuestro Código Penal".
