Está por dilucidar, en definitiva,  si la dureza policial aplicada en Valencia responde a la política del Gobierno para mantener callada a la calle disuadiendo a la ciudadanía en un momento en que se teme una escalada de estallidos sociales o, si simplemente, se les ha ido de las manos el tratamiento de una protesta concreta.

Se observan algunos síntomas de que los cargos policiales del  Estado y los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas habían recibido consignas de no cortarse un pelo al reprimir en ciernes los alborotos callejeros.

Así parece entenderse la actuación de Paula Sánchez de León, delegada gubernamental en la comunidad Valenciana; así como las declaraciones efectuadas por  su colega para la comunidad madrileña Cristina Cifuentes indicando que ella nunca hubiera permitido una acampada en la Puerta del Sol.

Si el estallido valenciano es producto de semejante consigna les ha salido el tiro por la culata. Las palabras pronunciadas en Londres por Mariano Rajoy indican su preocupación al respecto.

El presidente español, situado  a la vera de su colega británico David Cameron pidió calma a todos, lamentando que la imagen de España sufriera por estos sucesos.

¿Es un “todos” que alude a policías y estudiantes? En todo caso muestra su preocupación, consciente de que la calle también incide en el comportamiento de los mercados y que lo peor que podría pasar es que las televisiones europeas hicieran odiosas comparaciones con las protestas atenienses.

Las manifestaciones previas de Jorge Fernandez Díaz, el ministro del Interior, sugiriendo que podrían haberse producido excesos y la promesa de apertura de una investigación contribuían  a alimentar la inquietud que no se ha dispersado con unas aclaraciones que sólo aclararon su nerviosismo.

Con más de cinco millones de parados en marcha hacia los seis, con la corroboración por parte del propio Rajoy de que no podemos estar peor y que de ninguna forma se espera un decrecimiento del desempleo este año, así como las previsiones catastróficas del FMI, el estallido de la calle es algo más que una aprensión injustificada.

Todas estas circunstancias han reforzado los intentos del jefe del Ejecutivo hispano de conseguir como sea que el objetivo de déficit, marcado en el 4.4 por ciento se alivie un poco autorizándonos a pisar el 5.

Unas decimillas de nada que representaría pasar de un recorte de 40.000 millones a otro de 30.000 que tampoco es moco de pavo.

Unas decimillas que, sin embargo,  pudieran representar la distancia entre la paz y el estallido social.

Y es que la paz social no tiene precio, aunque evidentemente tiene un coste.

José García Abad es periodista y analista político