El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos en el caso que afecta al entorno de Isabel Díaz Ayuso ha desatado una oleada de reacciones tanto políticas como jurídicas. Este lunes, 9 de junio, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dictó un auto en el que considera confirmados los indicios delictivos contra García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración a los medios de un correo del abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, en el que este reconocía la comisión de dos delitos fiscales.
En respuesta a esta resolución, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo ha intervenido en el programa Malas lenguas de Televisión Española (TVE) para ofrecer una valoración jurídica del auto de procesamiento. En su intervención, ha planteado una enmienda a la totalidad de la argumentación del magistrado Hurtado, sugiriendo que el verdadero incumplimiento legal podría estar en la propia instrucción.
Los "problemas clarísimos" a los que Pérez Royo apunta
La tertulia contó con el jurista entre sus invitados, quien señaló desde un primer momento cuáles son los "problemas clarísimos" que, a su juicio, presenta el auto:
"Es un auto en el que, desde mi punto de vista, hay dos problemas clarísimos. En primer lugar, que se dicta a raíz de interferencias de la presidencia del Gobierno. Ese es el punto de partida, sin que se acredite en ningún momento dónde están esas interferencias, cuándo se han producido, quién es el protagonista de las mismas... nada. Y sin embargo, ese es el punto de partida".
Contundente en su pronunciamiento, el catedrático insiste en que no se acredita en ningún momento detalle alguno sobre las interferencias.
"La acusación es de prevaricación brutal"
Pérez Royo considera que el auto puede apartarse del marco legal, centrándose en la formulación de una acusación de prevaricación contra los fiscales procesados que él califica como "brutal":
"La investigación que han hecho los dos fiscales procesados es una investigación que se descaliffica como una investigación prevaricadora, ya que el Fiscal General del Estado, y los ficales en general como los jueces, están sometidos al imperio de la ley. Aquí, lo que dice el auto, es que los dos fiscales procesados, en lugar de someterse al imperio de la ley, se sometieron a la voluntad del presidente del Gobierno. Que sustituyeron la voluntad del legislador por la voluntad del presidente del Gobierno".
El jurista interpreta que, bajo esta premisa, el juez instructor estaría formulando una especie de reproche político al trabajo del Ministerio Fiscal. De hecho, considera que el auto estaría influido por un trasfondo que poco tiene que ver con el derecho: se aproxima, a su juicio, mucho más con la confrontación institucional.
"El auto es de naturaleza política, presidido por las indicaciones de la Moncloa"
En esta línea, Pérez Royo cuestiona abiertamente la imparcialidad del auto del juez Hurtado, a quien atribuye una posible y presunta motivación política detrás del procesamiento:
"Por lo tanto, esa es una acusación de prevaricación brutal y de que el auto es de naturaleza política, presidido por las indicaciones de la Moncloa. Claro, esto, me imagino que será lo primero que se trandrá que ver en el recurso de reforma, o eventualmente en el de apelación, que planteen los dos fiscales procesados".
Así, apunta a la vía del recurso como el escenario clave para desactivar los argumentos contenidos en el auto. Insta además a que se exija una prueba efectiva de cualquier intromisión del Ejecutivo en la actuación del Ministerio Fiscal.
"¿Dónde están las pruebas de que ha habido indicaciones de Moncloa?"
Pérez Royo señala que el recurso que planteen García Ortiz y Rodríguez podría girar en torno a la inexistencia de pruebas que respalden la tesis del juez instructor. Incluso llega a revertir la acusación, insinuando que el propio Hurtado podría haber incurrido en delito por esta imputación:
"Oiga usted, ¿dónde están las pruebas de que ha habido indicaciones de Moncloa? ¿Dónde están? Porque, realmente, el que habrá cometido un delito es el juez instructor al imputarle un delito a estos dos fiscales que están procesados".
Un recurso de reforma con carácter estratégico
A la espera de que la defensa de los fiscales formalice el recurso de reforma o el de apelación, la intervención de Pérez Royo se erige como una de las primeras valoraciones jurídicas de peso que desmienten las bases del procesamiento. El caso sigue generando un fuerte impacto político, pero también ha encendido el debate jurídico en torno al papel del Ministerio Fiscal y los límites del control judicial en el ámbito de las filtraciones. Queda por ver cómo avanza esta complicada situación.
