El exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha llegado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel.

Fernández Villa ha llegado poco antes de las 10:00 horas en taxi, acompañado de su mujer, quien le ha ayudado a recorrer los escasos metros hasta el edificio judicial por su dificultad para andar. Tras ser recibido por su procuradora, el histórico dirigente sindical ha entrado en la Audiencia sin hacer declaraciones.

Antes que Villa ha llegado a la Audiencia el otro acusado en el proceso judicial, el exgerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato minero, Pedro Castillejo, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de prisión. "No es el momento ni el lugar" para hablar, ha dicho Castillejo a su llegada a la sede judicial.

La acusación particular ejercida por el sindicato eleva su petición a seis años de cárcel para Fernández Villa y a cinco para Castillejo.

En la primera sesión de la vista oral se analizarán las cuestiones previas, incluido un examen forense al que Fernández Villa se sometió el lunes a petición de su defensa, que ya vio rechazada durante la instrucción la petición de incapacidad dado su estado de salud.

Las conclusiones de los facultativos que lo examinaron el lunes por quinta vez a lo largo del proceso, y que hoy deben ser analizadas por los facultativos, consideran que el acusado está en condiciones de declarar pese a sufrir un deterioro cognitivo.

Regularizó 1,4 millones de euros con la amnistía fiscal de Rajoy
En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, lo que llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica.

Tras conocerse estos hechos, el sindicato minero presentó una querella contra su ex secretario general que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.

Según el fiscal, el acusado ejercía una "posición de dominio absoluto" en la organización donde tomaba todas las decisiones, incluida la de crear la Fundación Infide y la de poner a Castillejo al frente, e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal" que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.