La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ejercida por el letrado Víctor Moreno Catena, ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de incluir en la causa de Plus Ultra un informe de la UDEF sobre sus gestiones para un grupo peruano ante el Ejecutivo boliviano y pide que la investigación se limite a su nombre extraoficial, es decir, el rescate por 53 millones de euros de la aerolinea. Además, el letrado de Zapatero advierte en este nuevo recurso de la “patente de corso” que puede suponer que el instructor del caso extienda la causa a “cualquier actuación personal o profesional” del exlíder del PSOE.
En concreto, el informe en cuestión señala el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Ante ello, la defensa de Zapatero entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”. De la misma forma, señala que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”.
“Lo hallado es fruto de una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”, añade. Y aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.
A su vez, insistiendo en lo que supone la incorporación de ese informe respecto a los negocios en Bolivia, sostiene que se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”.
Por otra parte, el letrado de Zapatero argumenta que ese ingreso percibido por Zapatero desde Bolivia “es ajeno a la organización que la UDEF atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”.
Asimismo, Moreno Catena denuncia que la UDEF, sin autorización judicial, ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero, como sus movimientos en la cuenta del Banco Santander. “La inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”, señala.
La cuestión de la "patente de corso"
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero especialmente lo que considera una "patente de corso" por parte del juez instructor para que la investigación "se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado".
Según el informe de la UDEF, el expresidente del Gobierno recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país. La UDEF precisó que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indicó que el exdirigente realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.
También subrayó que esa empresa "únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad".
Y apuntó que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia" como el entonces presidente Luis Arce o "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose encuentros presenciales durante un viaje que hizo a las ciudades bolivianas de La Paz y Sucre en septiembre de 2024.
Los agentes explicaron que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia.
A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".
Igualmente, consideraron que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".
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