Evidentemente la actualidad del momento pasa por el apagón que el pasado lunes sufrió toda España que todavía sigue en la cabeza de los ciudadanos, aunque un poco menos que hace unos días por lo positivo del puente. Con la cronología sobre la mesa y lo inmediato mandando -de máximo servicio público- no hay que dejar de lado otros asuntos que, en condiciones normales, acapararían el día a día. Y si se hace alusión a nombres uno de los propios es, sin duda, el del juez Juan Carlos Peinado.
Uno de los últimos movimientos del controvertido magistrado pasa por la organización de un careo que ya no es que busque vueltas de algo que, sobre la mesa, no tiene más; sino que setrata de una cuestión directamente falsa. Una contradicción, que, a más a más, es falsa, y que tendrá su culmen el 14 de mayo.
Los protagonistas del careo
Los protagonistas del mismo serán la imputada Cristina Álvarez, asesora personal de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y el testigo Alfredo González Gómez, el cargo de Moncloa del que dependió su contratación. E aquí el quid de la cuestión, y es que un careo de estas características solamente se da cuando aparecen contradicciones entre las declaraciones de los convocados. Así lo establece la ley, pero siempre y cuando aparezcan contradicciones entre las partes, algo que en esta ocasión no se produce.
A Peinado no le acredita para bien precisamente la experiencia, tampoco -de hecho mucho menos, la suya propia- en tanto en cuanto retorcer afirmaciones de partes que, a priori, era necesarias para el devenir de la causa, es un habitual en el modus operandi del magistrado. Una de las pruebas más fehacientes de ello fue la imputación de Juan José Güemes, quien fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre y al que el magistrado que lleva la investigación de la mujer de Sánchez imputó en cuestión de minutos tras reconocer que la contratación de Gómez no tenía nada que ver con su vida personal.
En lo que respecta al careo actual, vuelve a pesar la interpretación única del juez e incluye a una persona detrás de la cual, sobre el papel, no habría nada distinto si se compara con otras asesoras anteriores de familiares de presidentes.
Parece que fuera las declaraciones de González las que hicieron que Peinado tomara la decisión protagonista de estas líneas, ya que éste hablaba de una cuestión de confianza, asumiendo que éste era un requisito fundamental para acceder el puesto; lo mismo que Álvarez, quien utilizó la misma palabra para justificar la contratación.
La entonces testigo explicó algo que aparecía acreditado en la documentación de la causa, y es que su puesto dependía del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Nada nuevo y que el propio González ratificó siendo vicesecretario general de Presidencia y explicando que, si bien él firma el nombramiento, las propuestas llegan desde varias partes del Ejecutivo. Esto, en el caso concreto que contempla este artículo, implicaría que la propuesta de contratación partiera del Gabinete de Presidencia y no de la Secretaría General de la misma que dirige Félix Bolaños.
La defensa de Cristina Álvarez pidió a Peinado que explicara las razones de su decisión en un escrito al que el magistrado todavía no ha contestado. “Esta defensa ha repasado el contenido de las declaraciones prestadas y no ha sido capaz de identificar ninguna discordancia ni contradicción entre lo manifestado por uno y otra. Al contrario, el visionado de las declaraciones nos lleva a la conclusión de que la declaración de Alfredo González Gómez es absolutamente coincidente con las dos que prestó doña María Cristina Álvarez Rodríguez”.
Declaración de Bolaños
A pesar de toda las explicaciones -un documento oficial y que la propuesta de nombrar a Álvarez partió de un órgano diferente al que dirigía Bolaños- el magistrado se empeña en seguir buscando agua en el desierto y prueba de ello es la llamada a filas del miembro del Ejecutivo central.
Durante la declaración, que fue polémica antes incluso de llevarse a cabo por las formas que emprendió Peinado, el ministro aseguró que no podía decir quién fue el responsable último de la contratación porque son más de 2000 los trabajadores en total y que las competencias para tramitar esos contratos proceden desde una docena de departamentos de Moncloa; pero insistió, en la línea del resto de voces, que él no era de ninguna manera el responsable. De hecho, Bolaños recordó que Gómez había tenido solamente un asesor a diferencia del resto de mujeres de presidentes del Gobierno.