En el marco del caso Plus Ultra, este miércoles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha publicado un nuevo informe en el que acusa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de cobrar 200.000 euros del grupo peruano Grupo Gloria a través de Focus Social, una segunda empresa, entre 2024 y 2025 para “beneficiar los intereses” de la primera. No obstante, este informe viene acompañado de un anexo repleto de documentos en los que la propia UDEF no solo filtra la dirección del expresidente, sino también su cuenta bancaria, reuniones privadas y hasta citas médicas.
Entre esta información figuran las agendas completas del expresidente de 2024 y 2025, motivo por el cual la defensa de Zapatero ha anunciado que está estudiando acciones legales, según ha avanzado El País. Desde el entorno del expresidente recriminan que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no haya hecho ordenado un cribado de toda la información que no afectara a la investigación y que el contenido se haya compartido de forma íntegra.
En el informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los agentes precisan que el mencionado pago de 200.000 euros se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta" llamada Focus Social Research e indican que Zapatero llevó a cabo gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas. Entre otras cosas, relatan que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación", en alusión al expresidente Luis Arce, "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose los encuentros presenciales durante un viaje que hizo a La Paz, la capital de Bolivia, en septiembre de 2024.
Sin embargo, todo ello lo acompañan de un anexo con hasta 19 documentos, en los que la UDEF filtra reuniones y encuentros privados que mantuvo el expresidente, su cuenta bancaria, su domicilio y hasta citas médicas. De hecho, en el anexo, la UDEF incluye, entre otros archivos, la agenda completa de 2024 y de 2025 del expresidente del Gobierno.
Entre otras cosas, en este anexo los agentes ivestigadores incorporan también el contrato de "asesoramiento" suscrito entre Zapatero y la empresa Focus Social Research, constituida en 2019 y "cuyo objeto social estaría orientado al marketing". En las cláusulas del contrato se detalla que "estará vigente durante un año", desde el día 10 de mayo de 2024 hasta el 9 de mayo de 2025, si bien se precisa que "será prorrogable por períodos anuales si así lo acuerdan ambas partes".
Ahí se estipula la contraprestación a Zapatero: 200.000 euros anuales a abonar el 50% en el momento de la firma del contrato, el 25% a los seis meses y el otro 25% a la finalización del mismo. A ello, se le suma "una dieta de 10.000 euros diarios" en el caso de que Zapatero "tenga que viajar o participar en actividades en el extranjero".
La empresa, según se desprende del contrato, "abonará todos los gastos relacionados con el viaje (desplazamientos en business, alojamiento, manutención y cualquier gasto que pueda surgir)".
Ambas partes acordaron mantener "estricta obligación de confidencialidad" y Zapatero, denominado "el asesor", estaba obligado "a guardar el secreto profesional y específicamente a no revelar el contenido de los encargos que reciba de la compañía, ni las gestiones o tareas realizadas base al presente contrato".
La UDEF ve indicios de "organización criminal"
En otro orden de cosas, los agentes explican en el informe que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia.
A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".
Y consideran que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".
La UDEF señala que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar --también investigada en la causa-- habría tenido un "papel relevante", según la información recabada de sus terminales móviles, apunta. "Constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos", apostilla.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.