Después de meses de bloqueo de la investigación contra Alberto González Amador, finalmente el juez Antonio Viejo permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a sus cuentas bancarias. De ese paso, y de un informe de la Agencia Tributaria, surgieron hace unas semanas las informaciones sobre los 4,4 millones de euros que el novio de Isabel Díaz Ayuso facturó de la sanidad privada en los años en los que ya salía con la presidenta madrileña.
Los agentes reclaman ahora que este paso del magistrado, que instruye la causa contra el empresario por corrupción en los negocios, no es suficiente. Así lo expresan en un oficio remitido al juez, en el que le recuerdan que, además de las 17 cuentas bancarias y dos depósitos que figuran a nombre de González Amador, y que el juez permitió investigar, habían pedido más pesquisas para las que todavía no han recibido luz verde.
La UCO había solicitado también conocer la información tributaria del novio de Ayuso y del resto de implicados en la causa. Concretamente todos los datos desde 2014 que puedan aportar tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social, algo para lo que todavía no tienen permiso, ya que el juez Viejo lo sigue demorando.
El escrito responde al auto del 10 de junio en el que el magistrado autorizó investigar la información bancaria de González Amador, e incide en que es “indispensable” añadir a esta la tributaria. De esta manera, podrían llevar a cabo un “análisis de la operativa económica” del investigado, para las que ambas vertientes son “complementarias” y deben estudiarse “conjuntamente”. Mediante el bloqueo, el juez impide que la UCO pueda estudiar “flujos no declarados” en las cuentas del novio de Ayuso. Es decir, pueden ver cuánto dinero recibió y pagó el empresario, pero no las “diferencias” entre eso y lo que declaró al fisco.
Viejo “dificulta enormemente” la investigación
Mientras el magistrado siga sin autorizar esta información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la UCO no podrá elaborar el informe en el que se debe analizar la actividad de González Amador. En concreto, los agentes deben dirimir si la pareja de Ayuso utilizó una sociedad instrumental para ocultar ingresos procedentes del ámbito sanitario.
En su auto, Viejo dio una patada hacia adelante, y aplazó la decisión sobre el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social sobre los investigados. En el escrito de la UCO, que enviaron al juez el pasado 17 de junio y al que ha tenido acceso ahora ElPlural.com, los agentes señalan que no tener esos datos “dificulta enormemente” la investigación.
Su contenido se ha conocido a raíz de que la Fiscalía presentara un recurso de apelación, en el que reclama a la Sala del juzgado que fuerce al juez Viejo a autorizar lo que pide la Guardia Civil. Dice el Ministerio Público que la decisión de Viejo “genera un perjuicio al interés público y a los investigados" porque alarga "innecesariamente" la instrucción. Por el momento, la causa está en suspenso a pesar de todo lo que se conoció hace casi un mes.
Los retrasos de Viejo, una constante
Los 4,4 millones de euros que González Amador facturó a Quirón Prevención son, de momento, una cifra, ya que la UCO solo puede acceder a las 17 cuentas bancarias del novio de Ayuso, y a las 90 del director general del gigante sanitario, Fernando Camino, y su esposa, y no a sus datos fiscales.
Lo cierto es que esta dinámica no es nueva en esta parte de la investigación contra el novio de Ayuso. Se trata de la pieza separada abierta por corrupción en los negocios, que indaga en la compra por parte de González Amador de una sociedad, Círculo de Belleza, a la mujer del dirigente de Quirón por medio millón de euros.
Antonio Viejo cogió las riendas de la instrucción tras jubilarse la anterior titular del juzgado 19 de Madrid. Fue ella, María Inmaculada Iglesias, la que había pedido a la UCO un informe sobre incrementos supuestamente ilegales en el patrimonio del novio de Ayuso, pero los agentes no recibieron la orden hasta un mes más tarde, en noviembre de 2025.
Los agentes pidieron a Viejo, el sustituto, la autorización para investigar tanto las cuentas bancarias como la información tributaria y de la Seguridad Social de todos los implicados. Esto fue en diciembre, y el magistrado no respondió hasta pasados seis meses, el pasado 10 de junio, y solo permitió el análisis de las cuentas.
En paralelo, Viejo ha sido el mismo juez que ha decidido no permitir a Begoña Gómez viajar junto a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara. La decisión recayó en él porque el juez titular, Juan Carlos Peinado, se fue de vacaciones sin decidir sobre la petición de la mujer del presidente del Gobierno. El magistrado decidió rechazar esa petición de Gómez, y mantener las medidas cautelares impuestas por Peinado, pero sí permitirle viajar a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija.
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