El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía a los condenados por el Procés. La deliberación ha durado 72 horas, nueve horas de debate, y la mayoría del bloque prograsista asume el encaje legal de la ley dentro de la Constitución Española. La votación, y redacción de la sentencia que ha recaído sobre la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, se realizará mañana jueves y contará con los votos en contra de los magistrados conservadores que ya han anunciado la emisión de votos particulares. Concluyen de esta forma las deliberaciones del Pleno monográfico que comenzó el pasado lunes y que a lo largo de esta semana ha descartado presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La ley ha salido adelante con seis votos a favor y cuatro en contra, en debate que ha versado sobre si la Constitución permite la Ley de Amnistía "en abstracto" tras analizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, y "la opinión mayoritaria de los magistrados ha considerado que la Constitución no la prohíbe y que, por tanto, el legislador puede aprobar leyes de amnistía", según han informado desde el Tribunal de Garantías.
Finalmente han sido diez de los doce magistrados que componen el tribunal los que han participado en el debate jurídico. Por parte del bloque progresista, el que no ha formado parte del cónclave ha sido el magistrado y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien se apartó voluntariamente, pues en los informes de indulto de los condenados afirmó que la amnistía era cláramente inconstitucional.
Por parte de los conservadores, el que no ha participado es José María Macías, cuya recusación por contaminación por parte de la Fiscalía fue aceptada. Macías se pronunció en contra de la ley, al informar de la misma cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Según Europa Press, como novedad respecto del primer borrador, la sentencia determinará que la ley de amnistía no vulnera el derecho comunitario en materia antiterrorista y de órdenes de entrega europeas, algo sobre lo que el borrador guardaba silencio.
Eso sí, el Tribunal Supremo no contempla modificar su posición sobre los líderes del procés, ni siquiera con el Tribunal Constitucional validando la ley de amnistía. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas, que anticipan que, pese al aval del TC a la norma impulsada por el Gobierno, las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig seguirán vigentes. Del mismo modo, se mantendrían las penas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y otros condenados, algunas de las cuales se extienden hasta 2031.