Tenso debate entre la Abogacía del Estado y el Colegio de Abogados de Madrid en el caso del fiscal general

Según van saliendo a la luz las declaraciones que tienen que ver con la supuesta filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía dos delitos fiscales, se aprecian de forma clarividente las tensiones existentes.

Si hace unos días de un vídeo publicado por los medios de comunicación se desprendían las mentiras del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ahora el choque se ha producido entre la Abogacía del Estado y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y su dirigente Eugenio Ribón.

Estos dos últimos piden cuatro años para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la vez que mantiene (en el caso de Ribón) cómo la filtración torpedeó los acuerdos que se llevan a cabo en el día a día judicial. Una acusación que vertió sin datos.

Ese aspecto es el que le reprochó precisamente la defensa de la Abogacía, tal y como muestran unas imágenes de elDiario.es correspondientes al pasado mes de febrero, que proyectan un enfrentamiento directo entre las partes.

La parte que defendía a la Abogacía intentó exponer que las conformidades se siguieran realizando con normalidad en la región capital, pero no lo consiguió ante un juez, Ángel Hurtado, que se mostró implacable.

Siguiendo una cronología de los hechos, en este apartado hay que destacar que la Abogacía madrileña fue la primera en apuntar a la Fiscalía en la mañana del 14 de marzo de 2024, un día después de la presunta filtración; cuando el Ministerio Público sacó un comunicado para desmentir las informaciones falsas del responsable de prensa de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

MAR, como comúnmente se conoce al jefe de gabinete de la lideresa regional, había difundido entre varios medios de comunicación de la derecha que los hechos se habían producido al contrario, de manera que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador y no al revés, como realmente ocurrió.

Ribón presentó personalmente una querella en los próximos días que llegó incluso antes que la del propio empresario, que sin embargo, se fijaba en el comunicado de la Fiscalía sobre el caso, un enfoque cambiante que ha llegado a un punto en el que el Tribunal Supremo (TC) ha descartado que existiera delito en esa nota de prensa. De esta manera, además de abrir la vía penal contra la Fiscalía, el Colegio de Abogados se desvinculó también del protocolo de conformidades, advirtiendo de que el secreto de las comunicaciones de los abogados de la capital “no parece estar garantizado”.

Con todo ello, el responsable de la entidad declaro en el Alto Tribunal como testigo y perito, por un lado, para explicar las conversaciones que había mantenido con la cúpula de la Fiscalía para exigir explicaciones, y por otro para contar en qué forma había afectado negativamente la filtración a la abogacía en su conjunto, no solo al caso que concierne a la pareja de la lideresa autonómica.

Fue este momento de la declaración uno de los más tensos de la misma. La base de la misma llegó con la pregunta de la Abogada del Estado, quien defendía a la fiscal Pilar Rodríguez: “¿Usted sabe si desde el 18 de marzo las conformidades en Madrid se han visto afectadas?”. A ello respondió Ribón de la siguiente manera: “Claro que se han visto afectadas”.

Sin que diera opción de que le preguntaran por los datos que respaldaban esta afirmación, el responsable del Colegio de Abogados siguió con su tesis. “Es inexigible que nos diga datos concretos (…) No quiero entrar en un debate”. Cuando tuvo oportunidad, la abogada del Estado contempló que se trataba de una afirmación “incierta”. “Es una inconsciencia por su parte si no ha venido con datos para afirmarlo”, sostuvo.

Datos que desmienten las acusaciones del Colegio de Abogados

La Fiscalía de Madrid desmiente la afirmación de Ribón con datos. En su última memoria relativa al año 2024, presentado hace semanas por el Ministerio Público madrileño, recoge de qué manera los hechos afectaron las conformidades. Así las cosas, en ese curso se produjeron un total de 564 acuerdos de conformidad, unos números que, según la Fiscalía implica una “disminución del 8,4%” respecto de 2023. El descenso se atribuye a los dos meses que los letrados tardaron en utilizar el nuevo sistema.

En lo que a la continuidad de las declaraciones en sala judicial se refiere, el responsable del ICAM volverá a hablar entre los próximos 3 y 13 de noviembre en el TS con la defensa de Ortiz y de la Fiscalía convencidos de que el decano impulsó aquella querella alegando un año que en realidad nunca se dio.