La maquinaria de provocación de Hazte Oír vuelve a enfrentarse a la justicia, esta vez por una campaña que ha puesto en entredicho los límites de la libertad de expresión frente al derecho al honor y a la dignidad de los cargos públicos. La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha aceptado la personación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como acusación particular en la causa abierta por la lona desplegada frente al Congreso de los Diputados, en la que la organización ultraconservadora vinculaba al presidente del Gobierno con la palabra “corrupto”.
La juez María Dolores Baeza acordó hace semanas la apertura de diligencias previas para investigar lo que podría constituir un delito de injurias con publicidad, y ofreció al presidente la posibilidad de ejercer la acusación como perjudicado. Tras formalizar su solicitud, el tribunal ha aceptado que Sánchez participe activamente en la causa, elevando así el alcance jurídico de un episodio que traspasa lo meramente simbólico.
La lona, de gran tamaño y con un claro tono difamatorio, fue retirada el mismo día de su colocación —el pasado 20 de mayo— por orden del Juzgado de Instrucción número 9, que estaba entonces en funciones de guardia. La campaña incluía referencias a varios procedimientos judiciales aún no resueltos y enlazaba con una página web titulada elcapo.org, lo que, a juicio del PSOE, constituye una forma organizada de acoso político.
Pese a la retirada ordenada judicialmente, Hazte Oír no dio marcha atrás. El PSOE denunció que la imagen seguía difundiéndose, tanto en medios digitales como en autobuses rotulados que circulaban cerca del Congreso y de la sede socialista en Ferraz. Esta actitud desafiante ha sido interpretada como un desprecio flagrante a la autoridad judicial, y el PSOE ha solicitado nuevas medidas cautelares, incluyendo la suspensión de toda difusión —física o digital— de ese contenido, incluso en la web y redes sociales de la asociación.
El Ayuntamiento de Almeida debeerá entregar los expedientes
En paralelo, el juzgado ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, los expedientes relacionados con el montaje de la lona: tanto el Certificado de Conformidad como la declaración responsable urbanística de las empresas que participaron. También ha pedido información sobre los vehículos rotulados con los mismos mensajes, si existiera algún expediente sancionador vinculado a ellos.
Hazte Oír, conocida por sus campañas de contenido ultraconservador y estrategias publicitarias polémicas, vuelve a tensionar el debate sobre el uso de la vía pública y los derechos fundamentales. Lo que para la asociación es “libertad de expresión”, para el sistema judicial podría terminar siendo una estrategia de difamación organizada con fines políticos. La causa sigue abierta y, con la personación de Sánchez, el caso podría adquirir aún mayor trascendencia.