El PSOE ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, que instruye las posibles irregularidades en la compra de un ático de lujo valorado en 6,3 millones de euros por parte de la empresa pública madrileña Planifica Madrid. En su escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los socialistas solicitan personarse en calidad de acusación popular en la causa que ha puesto en la picota tanto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como su gestión de gobierno. Más Madrid tambien ha presentado un escrito de personación como acusacion popular en el juzgado.

Según consta en el escrito, los socialistas informan a la magistrada que ya interpusieron una denuncia por los hechos ante la Fiscalía, pero que al judicializarse el asunto, ahora, piden formar parte del procedimiento en el juzgado. Y recuerdan a la juez que, "la práctica judicial destaca la legitimidad de los partidos políticos para ejercer la acción popular sin necesidad de demostrar un perjuicio directo, en defensa de la legalidad y el interés general, en la persecución de aquellas conductas delictivas que inciden sobre la administración pública, lo que coloca el foco en el interés público sobre el particular".

Aseveran que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y una malversación de caudales públicos, tipos delictivos que afectan a bienes jurídicos difusos relacionados con la gestión pública.

En el caso de Más Madrid afirman en su escrito: “De ser ciertos los hechos denunciados, se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos ante un comportamiento delictivo e inadmisible por parte de la Administración”. Aseveran que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la administración y administración desleal del patrimonio público.

El relato de los hechos

Tal y como consta en el escrito del PSOE, primero se cambió el Estatuto de los expresidentes con lo que “se da paso a que los exdirigentes de la comunidad, entre otras cuestiones, tengan derecho a tener a su disposición "medios materiales y personales" para el desarrollo de sus actividades, como recogieron los medios de comunicación en aquel momento”.

A partir de ese momento fue cuando la empresa pública compró el ático, y aunque esa adquisición sí que figura en el Registro de la Propiedad, la misma “no aparece publicada en el portal de transparencia de Planifica Madrid, y tampoco figura en sus presupuestos anuales, ni se ha habría aprobado ninguna extensión de crédito por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad”.

Tras saltar el escándalo, desde el PP de Madrid aseguraron que la compra se había hecho para albergar unas oficinas temporales mientras se hacían unas obras en Sol. De hecho, la propia Ayuso dijo que eran “reformas integrales” de la sede de la Comunidad de Madrid, y el “traslado temporal”, para “reuniones institucionales”.

A raíz de estas informaciones, los medios indagan sobre esas obras anunciadas e informan de que el portal de la contratación “no refleja ningún procedimiento de licitación de dichas obras, ni en este momento, ni en los meses futuros”. Estos mismos medios informan de que por “parte de la Comunidad de Madrid preguntado por estas obras no dan respuesta, ni informan sobre si el contrato de las obras previstas está licitado o adjudicado”.

El escrito prosigue relatando que, “una vez señalado por los responsables públicos que uso al inmueble adquirido iba a ser para “despacho, sala de reuniones, recepción de visitas, seguridad y espacio para un equipo mínimo de apoyo”, los medios de comunicación se hacían eco que el pretendido uso para el ático que acababa de comprar la Comunidad de Madrid no podía ser el declarado, pues no podía ser utilizado como una oficina”.

Fue entonces, y tras el escandalo que se organizó por la compra de un ático de lujo, que la Comunidad de Madrid puso en venta el inmueble y, además, aseguró que destinaría el dinero de la venta a los afectados por los graves incedios de este verano, algo que tampoco puede hacer, "puesto que sólo se puede materializar por la empresa pública Planifica que adquirió el inmueble a través de un reparto de dividendos al final de este ejercicio 2026, lo que ha sido reconocido por la propia Comunidad de Madrid, sin que esté permitido una transferencia directa de la empresa a esta".

Pero si eso era poco, casualmente, y coincidiendo temporalmente con las informaciones anteriores, se ha sabido que Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Ayuso, ha puesto en venta el piso que compartían ambos, como su domicilio particular, en el madrileño barrio de Vallehermoso, por 1.790.000 euros; así como el ático del que también era propietario en la planta superior del primero.

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