Protección para el denunciante de Garamendi "ante un eventual delito o infracción grave o muy grave"

José Manuel de Riva Zorrilla, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha recibido la protección de la Autoridad Independiente de Protección al Informantes (AIPI) por su denuncia contra Antonio Garamendi por las elecciones de CEPYME, celebradas el 20 de mayo de 2025. La declaración de “informante protegido”, destapada este lunes por El Confidencial, salvaguarda la actuación del empresario y expone al máximo mandatario de la patronal española.

La AIPI, dirigida por el catedrático Manuel Villoria, toma la decisión después de estudiar la documentación entregada por el denunciante, el pasado 28 de septiembre, que apunta a la comisión de posibles delitos recogidos en el Código Penal. Los hechos redirigidos al organismo podrían enmarcarse en los supuestos de corrupción en los negocios, apropiación indebida, administración desleal, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. “Nos encontramos ante un eventual delito o infracción grave o muy grave”, expone la resolución.

La calificación de Riva Zorrilla como “informante protegido” no establece culpabilidad, pero busca defender el buen desarrollo de las investigaciones presentes y futuras. “El presente certificado tiene naturaleza declarativa y permite acreditar ante otras autoridades u órganos jurisdiccionales que la persona que lo ha solicitado ha comunicado una infracción en los términos previstos en la ley. Estas personas tienen derecho a la protección y a solicitar las medidas de apoyo”, relata la autoridad. “No prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, aclara.

La AIPI concluye, tras analizar la documentación aportada, que la denuncia presentada por De la Riva encaja plenamente en el ámbito de competencias del organismo. Además, considera acreditado que los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento tanto a través de los canales internos de la CEOE y de su Junta Directiva como mediante su difusión en distintos medios de comunicación.

En su resolución, la Autoridad señala que, a la vista de las circunstancias y de la información de la que disponía el denunciante en el momento de realizar las comunicaciones, resulta razonable considerar que actuó con la convicción de que los hechos eran ciertos. La AIPI destaca, en este sentido, su condición de miembro del Comité Directivo de la CEOE y de Cepyme, que le otorgaba acceso directo a información relevante.

No obstante, precisa que esta valoración se realiza con independencia del resultado que puedan arrojar las investigaciones que eventualmente se lleven a cabo sobre los hechos denunciados. Así se ha pronunciado el organismo creado a través del Plan de Acción por la Democracia, dependiente del Ministerio de Justicia, que pretende proteger a los denunciantes e informantes de distintos tipos de corrupciones. En su breve periodo de vida, la AIPI ha recibido más de 200 denuncias y ha otorgado esta protección a varias decenas de personas.