Una nueva generación para la justicia del siglo XXI

Hay decisiones políticas que trascienden los titulares de un solo día, porque hablan del país que queremos ser durante las próximas décadas. Un ejemplo nítido de este tipo de políticas de calado, es la reciente convocatoria de centenares de nuevas plazas para jueces y fiscales aprobada de forma extraordinaria para este año por el Gobierno de España.

Nos encontramos ante una práctica política ejemplarizante, diseñada específicamente para eliminar desigualdades estructurales e igualar oportunidades en los distintos poderes del Estado y en los ámbitos de decisión pública más relevantes.

La renovación generacional en los juzgados y tribunales que lleva implícita esta convocatoria extraordinaria —junto a medidas complementarias como la política de becas para la preparación de estas oposiciones— forma parte esencial de una política pública mucho más amplia y profundamente transformadora. No nos encontramos únicamente ante una oferta ordinaria de empleo público; es mucho más. Es una verdadera decisión de Estado y una acción de país, porque representa una apuesta definitiva por renovar, fortalecer y democratizar una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia: el Poder Judicial.

Es innegable que España ha cambiado profundamente en los últimos cincuenta años. Hoy somos un país nuevo, con una sociedad notablemente más plural, abierta, diversa, formada e igualitaria que nunca. También somos un país más libre, dotado de más y mejores derechos, especialmente tras la construcción de un escudo social que en los últimos años ha blindado y fortalecido el Estado social y democrático de derecho que nos dimos en 1978.

No obstante, también resulta evidente que ese nuevo país aún mantiene demasiados espacios oscuros y ocultos en las estructuras de poder. Son reductos que permanecen arraigados en una visión y una concepción de España que ya no existe, y que empezó a desdibujarse hace medio siglo. Estos espacios han evolucionado a un ritmo mucho más lento que la propia sociedad española, anclados en ocasiones en un sistema arcaico y gestionados por generaciones que ya rozan o sobrepasan la edad de jubilación. Los juzgados y tribunales, junto a sus principales actores —jueces, juezas y fiscales—, constituyen uno de esos ámbitos con claroscuros que caminan con excesiva lentitud en su adecuación a la España democrática de hoy en día.

La Justicia, con las personas que protagonizan su administración y disposición, no puede vivir de espaldas al país real y a la sociedad actual. No puede ejercer sus funciones sin reconocer a la España plural y diversa; esa España orgullosa de sus diferencias —que son riquezas—, igualitaria, y firmemente partidaria del adecuado funcionamiento del ascensor social. Quienes administran justicia deben ser independientes, por supuesto, y deben ser sobresalientes en su formación y experiencia, desde luego. Pero también, con igual relevancia, deben formar parte, pertenecer y conocer la sociedad a la que sirven y para la que trabajan. Deben ser capaces de comprenderla y ser el reflejo de toda su diversidad de género, identitaria, ideológica, territorial, social y generacional.

Por estas razones resultan tan relevantes las políticas impulsadas desde el Ministerio de Justicia para ensanchar las carreras judicial y fiscal, modernizar su estructura y renovarla generacionalmente. El objetivo es facilitar el acceso a quienes durante décadas encontraron barreras sociales y muros económicos casi insalvables para intentar formar parte de la administración de justicia.

Hablamos de una convocatoria extraordinaria para actualizar unos juzgados y tribunales que, a veces, responden a inercias preconstitucionales. Pero también nos referimos a políticas igualitarias basadas en el sistema de becas del Gobierno progresista para las oposiciones de la judicatura. Estas medidas pretenden consolidar una plantilla de juezas y fiscales que responda verdaderamente al principio de igualdad de oportunidades. El fin último es que aquellas personas que tradicionalmente quedaban alejadas de la judicatura por falta de recursos o por no pertenecer a determinados círculos de poder, tengan ahora la oportunidad real de prepararse, acceder a los tribunales y transformar la institución desde dentro.

El gran cambio de la justicia en la España del siglo XXI, impulsado por el ministro Félix Bolaños, se apoya en el ingente trabajo del Gobierno por la modernización, la digitalización y las mejoras organizativas para lograr un servicio más eficaz y eficiente. Sin embargo, la gran reforma no consiste solamente en eso, ni se limita a incorporar más efectivos. Se basa, principalmente, en un principio imprescindible en un sistema democrático: hacer posible que lleguen a los juzgados profesionales jóvenes cuyo talento y capacidad antes quedaban fuera del sistema por motivos económicos.

Consiste en hacer posible que una mujer joven —hija de trabajadores, estudiante de un colegio público en un pueblo alejado de la gran ciudad— tenga las mismas oportunidades de llegar al poder judicial que un joven de una familia acaudalada, estudiante de un centro privado en el centro de Madrid, cuyo padre, abuelo y bisabuelo fueron jueces de reconocido prestigio. Se trata de que la cuna no siga siendo un factor determinante, y de sustituir los privilegios por la capacidad real, dejando atrás los criterios de aquella España en blanco y negro del siglo pasado.

Las becas impulsadas por el Gobierno progresista destinadas a opositores representan y responden precisamente a esa idea de país: una España donde el ascensor social vuelva a funcionar sin oxidarse, y donde los puestos de máxima responsabilidad pública no estén reservados en exclusiva para quienes pueden permitirse años de preparación sin ingresos. Si mantuviéramos un acceso que prioriza los recursos económicos heredados, significaría que la democracia no funciona como corresponde.

La nueva generación de jueces y fiscales será, además, la primera que asumirá plenamente la transformación estructural de la Justicia.

La digitalización, los Tribunales de Instancia y la agilización de procedimientos necesitan profesionales formados en una cultura institucional diferente, basada en el servicio público, la eficiencia y la proximidad a la ciudadanía.

Será un relevo generacional histórico. Las nuevas promociones proceden íntegramente de generaciones nacidas y educadas en democracia; hombres y mujeres que han crecido bajo el amparo de la Constitución, que han estudiado en una España integrada en Europa y que entienden la igualdad, la diversidad y los derechos fundamentales como elementos naturales de convivencia. No se trata de sustituir una ideología por otra, sino de que las instituciones reflejen la realidad del tiempo en que viven.

Durante demasiado tiempo, determinados ámbitos del poder funcionaron como espacios cerrados y socialmente homogéneos. La España democrática lleva décadas derribando esas barreras en la universidad, en la administración, en la empresa y en la política. Ahora, esas barreras deben caer también donde todavía persisten inercias de otro tiempo.

La Justicia del futuro no puede parecerse a la España de las oportunidades limitadas y de los círculos cerrados. Debe parecerse a la España que existe en las calles de nuestros pueblos y ciudades: la de las mujeres que hoy son mayoría en las facultades; la de los jóvenes que aspiran a progresar gracias a su esfuerzo; la de las clases medias y trabajadoras que reclaman igualdad real.

Esta convocatoria extraordinaria representa una idea de país que mira hacia delante, convencido de que una Justicia más plural, más accesible, más moderna y representativa no es una amenaza para el Estado de Derecho. Es exactamente lo contrario: una de sus mayores fortalezas.

Rafaela Romero  -  Diputada por Gipuzkoa, Portavoz Adjunta de Justicia del Grupo Socialista y Coordinadora de los Socialistas Vascos en el Congreso. Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSE-EE (PSOE)