El empresario Alberto González Amador ha aportado, en la vista celebrada por la demanda contra María Jesús Montero, un argumentario que Moncloa envió por error a los periodistas. Según el novio de Isabel Díaz Ayuso, esto demostraría que las declaraciones de Montero sobre González Amador eran "una estrategia concertada", pues incluía expresiones como: "Aquí quien tiene que dar explicaciones es la señora Ayuso, que aún no ha dado ninguna explicación sobre por qué mintió ni sobre por qué sigue viviendo en un ático que se financió a través del fraude fiscal, como ha reconocido su propia pareja".
El eje del litigio gira en torno a unas declaraciones de Montero en las que afirmó que González Amador vivía “en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública” y le calificó de “delincuente confeso”. Lejos de considerar estas afirmaciones como atentados contra el honor, tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado han argumentado que se trata de expresiones enmarcadas dentro del debate político, amparadas por la libertad de expresión y pronunciadas en un contexto de interés general. Insisten, además, en que González Amador no es un ciudadano cualquiera, sino una figura ya mediática que ha sido investigada por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros, una causa que instruye actualmente el Juzgado número 19 de Madrid.
La Abogacía del Estado, en representación de Montero, ha recordado que las palabras de la vicepresidenta se pronunciaron tras la publicación de informaciones relevantes en prensa —en concreto en elDiario.es—, que revelaron los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del demandante y el fiscal encargado del caso, donde se asumía la comisión de delitos fiscales.
Por su parte, la Fiscalía ha puntualizado que, si bien las declaraciones pueden resultar “molestas o malsonantes”, no constituyen una vulneración del derecho al honor, y ha destacado que no se trata de afirmaciones jurídicas, sino de valoraciones políticas. A diferencia del derecho a la información, en el marco de la libertad de expresión no es necesario acreditar la veracidad de las opiniones.
La defensa asegura que "no ha sido condenado"
En contraposición, la defensa de González Amador ha solicitado una indemnización de 40.000 euros, argumentando que las declaraciones de Montero son “objetivamente graves” y exceden los límites de la libertad de expresión. La letrada ha insistido en que su cliente no ha sido condenado por ningún tribunal ni ha llegado a acuerdo alguno con la Fiscalía, por lo que calificarle de “delincuente confeso” es, a su juicio, un claro intento de desacreditarle públicamente.
Además, ha cargado contra el Ejecutivo al considerar que Montero no actuó por iniciativa propia, sino siguiendo un supuesto argumentario coordinado por el PSOE o desde el Gobierno, con el fin de “desprestigiar” al denunciante en el contexto de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Para sostener esta tesis, ha presentado ante el tribunal un correo electrónico —filtrado previamente a medios de comunicación— que habría sido enviado desde instancias oficiales.
Pese a ello, el Supremo ha rechazado ampliar la causa más allá del contenido de las declaraciones. El presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, ha considerado “impertinente” la petición de reclamar más documentación al Gobierno o al PSOE sobre los supuestos argumentarios, alegando que lo que se juzga es la legalidad de las expresiones vertidas por Montero, no si existía una estrategia política detrás. “El hecho de que hubiera coordinación no cambia la naturaleza de lo dicho ni su posible impacto jurídico”, ha zanjado el magistrado, dejando la causa vista para sentencia tras escuchar las conclusiones de ambas partes.