El juez Juan Carlos Peinado ha decidido ampliar seis meses más la investigación contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el que puede considerarse el enésimo intento por encontrar algo punible en el seno del análisis sobre las acciones que estudia acerca de la esposa del responsable del Ejecutivo.

Con esta iniciativa, el magistrado anunciaba el pasado lunes que prorrogaba sus pesquisas hasta abril de 2026, año en el que se cumplirán dos desde que abrió la causa contra Gómez. Según consta en la resolución de Peinado, todavía quedan “numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver” en una instrucción que no está quedando exenta de controversia.

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno quiere dejar resuelto el caso antes de su jubilación, prevista para septiembre del año que viene, con la que pondrá fin a una trayectoria polémica, más allá de uno de los casos que centra la actualidad judicial del momento.

Comentarios racistas a una alumna o inapropiados después de un suicidio

Juan Carlos Peinado impartía clase en la Universidad Complutense de Madrid, parte mollar en su actual investigación, y aquí tampoco pasó desapercibido. De hecho, en febrero de 2024 el alumnado se revolvió contra el magistrado, llegando a recoger 50 firmas pidiendo su expulsión por unos supuestos comentarios ofensivos; uno de ellos racista, el otro en un tono frívolo después de un suicidio y uno más dirigido a un alumno con discapacidad.

En lo que respecta al que tiene que ver con un tema racial, la parte detractora criticó que el juez dijo a una alumna que llevaba velo islámico que empezaba vistiendo esa prenda y se terminaba poniendo bombas. En cuanto a la alumna que se había quitado la vida, cuando los hechos todavía estaban muy recientes y una estudiante se levantó para ir al baño la emplazó un “no vayas a saltar”. Asimismo, en lo relativo al chico con discapacidad, le habría dicho en tono burlesco que el protocolo a seguir para el examen -de tipo oral- era “yo te pregunto y tú me contestas”.

La situación que revelaría meses después la Cadena Ser requirió de la mediación de dos responsables de la Facultad de Derecho, quienes se reunieron con profesor y alumnos, consiguiendo devolver una aparente normalidad, tal y como revelaban algunas fuentes del profesorado y publicaba El País.

En abril de ese mismo año, los alumnos se enteraron de que el docente había iniciado una investigación contra Gómez, pero apenas coincidió con los estudiantes que habían puesto pie en pared contra estos hechos, por lo que la tormenta que se desataría después con un país completamente dividido no le salpicó demasiado de puertas adentro del aula.

El chalet de La Adrada

En el ámbito más personal, no pasa desapercibido el chalet del que Peinado disfruta en la localidad de La Adrada (Ávila), que se encuentra presuntamente en situación irregular. Se trata de un tema del que ElPlural.com ha informado sobre el terreno sobre el que se han pronunciado diferentes organismos como el Comisionado de Transparencia de Castilla y León o la Fiscalía Provincial, que percibió indicios de “criminalidad urbanística” en la construcción, aunque evidenció que los posibles delitos estaban “prescritos”. También incluyó un posible “delito por omisión” del ayuntamiento del municipio.

En lo que tiene que ver con este último, el comisionado exigía la entrega de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas. El órgano se pronunció de esta manera a las peticiones del activista Fernando Jabonero, uno de los principales baluartes contra la vivienda de la persona al frente del juzgado de instrucción número 41.

Favoreció al PP de Almeida

El magistrado tuvo un error de calado que acabó favoreciendo al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida (PP). Más concretamente, el juez tuvo un fallo que terminaría sirviendo al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente.

Peinado acordó una prórroga a la investigación contra este alto cargo del equipo de Almeida por un presunto sobreprecio de contratos con el digital OkDiario, -por unas charlas de 72.600 euros- que fue denunciado primero por Podemos, aunque la Audiencia Provincial de la ciudad lo dejó sin efectos porque el plazo para ampliar el plazo había expirado hacía más de dos meses.

La situación, en contraposición con las denuncias de Más Madrid y los morados, impedía que la instrucción se alargase al estar a destiempo, y con ello las acusaciones pudieran solicitar cierta documentación útil, así como pruebas para seguir esclareciendo detalles sobre este caso.

Distinta forma de proceder

Esta pasividad de Peinado en este supuesto choca frontalmente con otro relacionado otro suicidio, que en su caso había tenido lugar en el Ministerio de Interior.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando el juez puenteó a la Fiscalía y asumió la causa de la investigación de lo ocurrido en la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al encontrarse de guardia en los juzgados del atestado de la Guardia Civil cuando ocurrió la muerte.

En los últimos meses, el magistrado ordenaba diligencias para acreditar si el suicidio estuvo inducido, además de tomar declaración a diversos compañeros del fallecido y el análisis de los dispositivos con los que trabajaba, un trabajo exhaustivo que, si bien parece lógico, choca con el realizado en otras causas.

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