En las últimas horas han visto la luz distintas polémicas del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, durante su etapa como profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tal y como contaba El País y replicaba ElPlural.com, varios estudiantes pusieron pie en pared contra la actitud del magistrado, otrora docente, por sus supuestos comentarios racistas o en un tono frívolo en temas especialmente sensibles como el suicidio.
De forma más detallada, el alumnado reunió 50 firmas solicitando la expulsión del juez Peinado pidiendo su expulsión por haber dicho, entre otras cosas, a una alumna con velo que se empezaba portando esa prenda y se terminaba poniendo bombas; o haber dicho a otra estudiante “no vayas a saltar” después de que una compañera suya se precipitara desde la facultad. También emplazó a otro chico con discapacidad un “yo te pregunto y tú respondes” en el contexto de un examen oral.
La mediación de dos responsables del centro educativo consiguió devolver cierta normalidad al aula, según las informaciones publicadas y poco después -en abril de ese año- los estudiantes se enteraron de que el docente había empezado una investigación contra Gómez, pero la apertura de la investigación apenas coincidió con su etapa impartiendo clase.
Incompatibilidad para impartir clase
La relación contractual con la UCM por parte de Peinado ya fue objeto de polémica, antes incluso de que se dieran pasos que involucraran de manera más directa a la universidad pública madrileña.
Tal y como publicó este periódico, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohibió en octubre de 2021 compatibilizar su cargo judicial con la docencia en horario de mañana (de 9:00 a 14:00), permitiéndole así impartirla solo por la tarde y con condiciones muy estrictas.
El organismo jurídico establece que la enseñanza solo es compatible si no compromete la imparcialidad y la independencia del juez, lo mismo que si no perjudica los intereses de los ciudadanos al ausentarse del juzgado en horario de audiencia pública y atención al público. En este caso, además, la UCM no es ajena al procedimiento penal contra la esposa de Sánchez, por lo que el posible conflicto de intereses al que aluden estas líneas cobra mayor relevancia.
El vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, consiguió que Peinado incluyera el delito de malversación por el que también investiga a la esposa del dirigente primero de la Moncloa al referirse a la existencia de “ciento y pico” correos intercambiados con Gómez o con su asesora, Cristina Álvarez.
Si bien las declaraciones de una de las personas fuertes del centro educativo complicaban la línea de investigación que tenía que ver con el software empleado por Gómez para su cátedra, una herramienta que, según el magistrado, podía ser propiedad del centro.
Nada más lejos de la realidad, Doadrio evidenciaba hace meses que el conjunto de programas “siempre era gratuito para todos los usuarios”, lo que concluye que la mujer de Sánchez no pudo hacer negocio con él.
El vicerrector reforzaba una idea planteada ya por la Fiscalía en uno de los últimos escritos, en los que reclamaba el archivo de la causa de Gómez, e indicaba, a preguntas de Vox, que ésta “tenía más que prohibido” cobrar “exceptuando lo que era el máster”: “Ahí hubo unas preguntas porque ella cobraba 15.000 euros (…) por la cátedra no puedo cobrar”.
Pese a todo, la UCM se personaría en la causa “para el ejercicio de acción civil de reparación del daño” indicando que los hechos que se analizan podrían haber causado a la entidad “un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. La última acción del magistrado permite a la Complutense actuar como acusación, a pesar de que ésta solamente podía hacerlo en el supuesto de detectar el daño mencionado algo que, más de un año de investigación más tarde, no se ha localizado.
La carrera de Peinado como profesor en la universidad
Peinado ha ejercido durante años como profesor asociado en la facultad de una de las universidad más prestigiosas y conocidas del país, pero también del mundo. La relación entre ambos empieza en 2008, aunque no es hasta 2021 cuando es propuesto como candidato mejor valorado para ocupar una plaza de profesor asociado en el área de Derecho Penal.
Antes, en 2019, Peinado consiguió la autorización del CGPJ para hacer las veces de tutor de practicum en el espacio. Su participación fue objeto de renovación y autorización por parte del Consejo General del Poder Judicial desde al menos 2008, como se ha indicado, también en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
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