La actualidad no da respiro al Partido Socialista. En apenas diez días se han encadenado la debacle en Andalucía, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la publicación del extensísimo sumario del caso Plus Ultra, la entrada de la UCO en la sede de Ferraz y la imputación de Santos Cerdán y la gerente del PSOE, entre otros, en el caso Leire Díez. Este jueves, en el día once desde que comenzara la pesadilla de los socialistas, llegan más malas noticias de los tribunales.
Comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a David Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación. Además del hermano del presidente del Gobierno, desde este jueves se sientan en el banquillo el expresidente de la corporación provincial y último candidato socialista en la región, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve cargos públicos.
El juicio comienza con una vista con las cuestiones previas de las defensas, la Fiscalía y la acusación popular, que integran el PP, Vox, el pseudosindicato Manos Limpias, las asociaciones ultracatólicas Hazte Oír y Abogados Cristianos, y otras habituales de causas que afectan al PSOE como Liberum y Iustitia Europa.
Será a partir del próximo lunes cuando empiecen las declaraciones de 42 testigos, que durarán hasta el miércoles, tras lo que las partes interrogarán a los 11 acusados. Está previsto que esto no se alargue más del jueves, 4 de junio, aunque se podría alargar. Mientras que en la instrucción, las acusaciones populares estaban unificadas, la Audiencia ha permitido que esta ristra de partidos y organizaciones actúe por separado, por lo que acusados y testigos tendrán que responder por separado a cada uno de los 16 letrados que estarán presentes en las sesiones, lo que puede retrasar la agenda.
¿Qué se juzga?
Este es un nuevo caso en el que un juez ha abierto una causa judicial al entorno del presidente del Gobierno a raíz de la denuncia de una organización de ultraderecha, en este caso de Manos Limpias, elaborada con recortes de prensa. El pseudosindicato denunció a Sánchez en 2024 por, supuestamente, haber accedido a un puesto hecho a medida en la Diputación de Badajoz, acusándole absentismo laboral y fraude fiscal.
El hermano del presidente del Gobierno accedió a un puesto público en la corporación en 2017, cuando fue contratado como coordinador para los conservatorios de la provincia. Sánchez, que es músico, consiguió la plaza tras pasar un proceso de selección junto a otros diez candidatos. En total, durante los años que ejerció estos puestos, cobró 340.500 euros.
El juicio trata sobre esclarecer si la Diputación, entonces presidida por Gallardo, creó y modificó esa plaza de forma arbitraria para beneficiar al hermano de Pedro Sánchez, y si en 2022 se le nombró jefe de la Oficina de Artes Escénicas también de forma arbitraria. El caso tiene otras dos patas. Son, por un lado, la presunta contratación a dedo de un amigo y extrabajador de la Moncloa, Luis María Carrero, como jefe de una sección de la Diputación. Por otro, Manos Limpias denunció a Sánchez por tener su residencia en Portugal, cerca de la frontera, mientras tributaba en España. Tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron el fraude fiscal tras revisar las cuentas y determinar que la condición de no residente de Sánchez estaba correctamente acreditada.
¿Qué dicen jueza y Fiscalía?
La jueza instructora, Beatriz Biedma, acusa al hermano del presidente de tener "conocimiento previo" de que la plaza en la Diputación se creó "para él", según el auto de procesamiento. Sobre el proceso de selección, la magistrada señala que Sánchez fue "el principal beneficiario", y la acusa de hacer "la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento".
La decisión de crear ese puesto para crear ese puesto, considera, vino "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez, que "conocían" la situación en la que se entontraba, ya que "en ese momento carecía de trabajo estable". En este proceso, la magistrada otorga un papel decisivo a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, a la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y a la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, todos ellos acusados.
En cuanto a Carrero, la jueza también apunta en la misma dirección que las acusaciones, y acusa al exasesor en Moncloa de aprovecharse de su influencia por su "amistad íntima" con David Sánchez para conseguir el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
Biedma decidió enviar la causa a juicio oral en mayo de 2025, a pesar de los dos recursos de las defensas y de que la Fiscalía pidió el archivo de la causa. El Ministerio Público señala que las contrataciones de Sánchez y Carrero cumplieron con la ley, y que todo lo que se expone en contra del hermano del presidente y su amigo son "conjeturas e hipótesis" sin "auténticos indicios racionales de criminalidad". Por tanto, la Fiscalía no presentará acusación en el juicio y pedirá la absolución para los acusados.
¿Qué penas piden las acusaciones?
Sánchez y Gallardo están acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por los que las acusaciones populares piden para ellos tres años de prisión. En el caso del hermano del presidente, se piden además doce años de inhabilitación, y que devuelva el salario que percibió durante los años que mantuvo a ese puesto "a medida". Para el excandidato socialista, acusado también de un "fraude de ley" por forzar la dimisión de varios diputados para aforarse en la Asamblea autonómica y que la causa la asumiera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; piden 27 años de inhabilitación. Para Carrero, las penas solicitadas son de un año y seis meses de privación de libertad, inhabilitación y la devolución de los 87.077 euros que cobró en su puesto.
El tribunal encargado de juzgar la causa será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, presidida por el juez José Antonio Patrocinio Polo. Le acompañarán el ponente, Emilio Serrano Molera, y la magistrada Dolores Fernández Gallardos. Antes del juicio oral, estos jueces resolvieron varios recursos de apelación, en los que siempre dieron la razón a la instructora. Por ello, las defensas presentaron recusaciones por una "pérdida de imparcialidad objetiva", pero el TSJEx las rechazó y ratificó el tribunal.
Esta instancia se pronunció también en contra de otras alegaciones de las defensas, como el uso de expresiones como "hermanísimo" en los autos para referirse a David Sánchez. Los abogados consideraron que esta y otras faltas denotaban una falta de neutralidad y un prejuicio ideológico hacia el caso. El TSJEx admitió que algunas de ellas "no eran del todo acertadas", pero que el término anterior no era "cosecha propia" de los jueces, sino que aparecía en comunicaciones intervenidas.
No ha sido la única polémica durante la instrucción, en la que las acusaciones populares se han encargado de alimentar mentiras utilizadas por la derecha y la ultraderecha en lo político para atacar al Gobierno. Un ejemplo es la mentira a la que dio voz, entre otras, Isabel Díaz Ayuso, cuando dijo que " alguien le podría decir ahora dónde está la oficina" a Sánchez, cuando dimitió de su plaza. La presidenta madrileña hacía referencia a una declaración del acusado en la instrucción, en la que dudó sobre la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas: "Desde el principio hasta que yo pido la excedencia, tengo el despacho en el Conservatorio Superior en la plaza de la Soledad", respondió a la jueza.
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