En libertad con cargos el presidente del PP de la Diputación de Almería

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otro cuatro detenidos, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del 'caso mascarillas'. 

El dirigente del PP fue detenido este martes por la UCO y declaró ante el juez en el mediodía de este jueves. Fue arrestado en la segunda fase del 'caso mascarillas', ahora ampliado para buscar posibles mordidas en contratos de obras adjudicados por la institución provincial.

Junto con García fue también detenido su mano derecha en la Diputación, Francisco Jiménez, y el alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, así como otras dos personas. Cabe destacar que Jiménez estaba ya imputado en un caso que se remonta a 2021 y que partió de un contrato de compra de material sanitario de más de dos millones de euros en el que también estuvo implicado Óscar Líria, exvicepresidente de la diputación.

Una causa con cerca de 17 investigados

En sede judicial, los cinco detenidos únicamente han respondido a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE. Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el juez de adscripción territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción.

Pese a ello, todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional. Asimismo, de los cerca de 17 investigados en la causa, la mayoría de ellos han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en este juzgado cuando sean citados.

2021, el origen de la causa

La causa encuentra su punto de partida en 2021, concretamente, en el 15 de junio de ese año. En ese momento, varios agentes de la UCO accedieron a la Diputación de Almería y procedieron a la detención de quien entonces era vicepresidente tercero y responsable de Urbanismo, Óscar Llíria, también sobrino del alcalde de Fines. 

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L.S, también investigado por su relación con Liria así como su papel al actuar como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.

En un principio, el contrato investigado preveía la adquisición de 500.000 mascarillas, monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a presidencia para realizar ese contrato.

A razón de ello, a comienzos de noviembre, el PSOE pidió que el presidente de la Diputación y líder del PP de Almería fuese llamado a declarar como testigo en la investigación del contrato público que dio origen al 'caso mascarillas'. Con ello, los socialistas, que ejercen la acusación popular, buscaban aclarar cuándo, cómo y quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones ahora bajo sospecha. Su petición se apoyaba en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en nuevos datos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado fechado el 25 de abril.

En su escrito, el PSOE planteaba la necesidad de determinar si durante la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros, pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.

Pese a ello, la acusación popular reclamó que la Diputación que remitiera la relación completa de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, adjuntando sus funciones y adscripción. Solicitaba además la identificación de los asesores vinculados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria Sánchez —uno de los primeros detenidos en el caso— y del vicepresidente Fernando Giménez, arrestado este martes.