El caso Negreira vuelve a reactivarse, esta vez, con la admisión de la petición de la Fiscalía por parte de la magistrada Alejandra Gil, encargada temporalmente del juzgado, para tomar declaración al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a los exentrenadores del club Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde.
La Fiscalía considera que estos testimonios son "especialmente relevantes para la investigación" de este caso, que ha sufrido cambios al frente del juzgado y que se ha estancado en los últimos meses sin hacer apenas ningún avance. El ministerio público, de hecho, ya había pedido estos mismos testimonios en 2023, pero tras los muchos vaivenes sufridos, ha tenido que volver a pedirlos este mayo.
El anterior titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, llegó a imputar a Laporta por los pagos a Negreira efectuados entre 2008 y 2010. La Audiencia de Barcelona, no obstante, le corrigió al asegurar que lo ocurrido durante aquel periodo ya ha prescrito, por lo que Laporta solamente puede aportar a este caso en calidad de testigo.
La providencia judicial cita a Laporta para que declare sobre "el motivo de los pagos realizados a las sociedades instrumentales" de Enríquez Negreira y su hijo. El quid de toda esta trama es descubrir la razón por la que el FC Barcelona desembolsó, entre 2001 y 2018, más de siete millones de euros a la persona que se desempeñó en ese periodo como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).
Durante la instrucción, el juez Aguirre ordenó el registro de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), citó a numerosos árbitros y concluyó, sin que existieran todavía pruebas para afirmarlo categóricamente, que hubo una "corrupción sistémica" en el arbitraje del fútbol español para favorecer al equipo azulgrana. La falta de indicios la rebatió el juez utilizando lo que denominó como "pura lógica": no podría haber otra razón para explicar esos pagos.
Por otro lado, las declaraciones de los entrenadores del primer equipo Luis Enrique Martínez (2014-2017) y Ernesto Valverde (2017-2020) han sido solicitadas para que expliquen "la información recibida con los informes relativos a los árbitros responsables de dirigir los partidos" del Barça. Ese es el argumento que da la entidad blaugrana para justificar los pagos: las empresas elaboraban informes que resultaban supuestamente útiles a los preparadores para afrontar los partidos. La jueza quiere preguntarle a los técnicos, precisamente, si aquellos textos eran realmente eficaces.
Rosell y Bartomeu, citados como investigados
Antes de que el caso se quedase atascado, los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep María Bartomeu también fueron citados como investigados, además de los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y del hijo del exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez.
Por concretar, José María Enríquez Negreira está investigado por recibir presuntos pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, con el presunto objetivo de conseguir favores arbitrales para el club. En marzo de 2024, Negreira fue citado ante el juez y se acogió a su derecho a no declarar, y la cita fue acordada una vez el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira.
Por su parte, el médico del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que lo evaluó en octubre estimó que podía prestar declaración y el juez decidió convocarlo, una cita que se aplazó dos veces por motivos de agenda de los abogados. Desde 2024, el caso se ha quedado estancado.