Las tres primeras piezas del caso Tándem han llegado a juicio, pero se ha modificado el calendario, suspendiendo dos días, porque uno de los abogados tiene que estar en Londres a finales de octubre con la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. A su llegada a la Audiencia Nacional, el principal imputado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha dicho: “Espero que sea un juicio justo”. El juicio ha comenzado con la petición de las defensas de la suspensión del juicio. Todas solicitan que se suban las famosas agendas de Villarejo a la nube y puedan tener acceso a las mismas, así como que se notifique el rollo de sala (hitos de la causa).
Ante la avalancha de peticiones, la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha decidido suspender momentáneamente para deliberar sobre el asunto. A su vuelta, Murillo ha dicho que modifica el calendario previsto suspendiendo dos días que había juicio a finales de octubre. Así, este miércoles y el jueves se verán las cuestiones previas, pero las primeras declaraciones no serán hasta el 15 de noviembre porque hay una defensa que tiene una causa en Londres y, así, con esos días libres, “podrán ustedes ver las agendas”, una de las principales peticiones de las defensas.
La presidenta del tribunal rechazado el resto de peticiones y ha aceptado que el fiscal aporte un informe de la policía que no ha pasado por el juzgado de instrucción mientras las piezas que se juzgan estaban en esa fase procesal, ante lo cual, el abogado de Villarejo ha protestado enérgicamente.
Las peticiones
Desde el primer momento del juicio, los abogados han hecho piña en la solicitud de suspensión. Así, el primer letrado en tomar la palabra recordado que hay un informe de Asuntos Internos que no se les ha dado traslado hasta el 29 de septiembre, pese a que llegó en julio, y que supuestamente afecta a una pieza del juicio. Informe que se devolvió al juzgado, pero que ahora aporta la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado de Villarejo se ha quejado de que no han tenido acceso a la información, ni los DVD que van acompañando los informes judiciales. “Se ha unido un informe del Juzgado Central de Instrucción Número 6 sobre las agendas, y se nos ha negado copia de las agendas. No se puede unir un informe policial extemporáneo y no permitir a la defensa acceder a la documentación en la que se basa. Necesitamos saber qué selección de documentos se ha hecho, verlo todo, no solo lo que les interesa a las partes acusadoras. No sé de quién es la culpa, pero no es de la defensa. Tenemos que tener el mismo acceso y que haya igualdad de armas. Hay sesiones en diciembre, pues que se nos de tiempo para venir en igualdad de armas”.
“Se analizaron 3.000 acontecimientos del rollo de sala, pero no se nos ha dado acceso a esa información. Debemos instruirnos de esos 3.000 acontecimientos”, ha dicho otra de las defensas.
En cuanto a las acusaciones, el fiscal Anticorrupción ha asegurado que aportará “los registros que acreditan la legalidad de la cadena de la aportación de pruebas de la policía”, y ha solicitado que no se suspenda. La acusación popular ejercida por Podemos se ha adherido al Ministerio Público. Sin embargo, otras acusaciones populares no han puesto problema en que se suspenda el juicio y se reanude en noviembre o diciembre.
Cuestiones Previas
Dentro de que la magistrada no ha suspendido el juicio, uno de los mayores 'rejones' se lo ha llevado la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo representante le ha denegado toda la prueba que quería aportar con excepción de la validación del informe policial. El fiscal había dicho: "Hemos pedido y aportamos como prueba un testimonio que se recabó en la pieza 29 de la Unidad Central de Seguridad privada de la Policía que certifica que ninguna de las mercanriles del Grupo Cenyt está autorizada para la prestación de servicios de detectives privados. Hemos de aclarar que no se trata de acreditar un delito de intrusismo profesional. Se trata de acreditar como el Grupo Cenyt carece de cualquier infratrestructura material y habilitación jurídica para prestar sus servicioso a los clientes privados. Se enriquece con ellos porque cuenta con funcionarios públicos de la policía. Nos parece prueba pertinente Pedimos también testimonio de las actas de declaraciones judiciales de Constancio Riaño (piezas 8, 9 y 26) y de Javier Fernández Pérez. Se trata de otras piezas en relación a otras contrataciones y en ls que se accedieron a bases de datos policiales. No fue un hecho aislado sino una actividad de carácter continuado".
Tras la disertación del fiscal, la juez ha sido clara, "no se acepta nada de lo propuesto porque genera indefensión en las partes". Murillo hacía suyo el argumento de las defensas que han explicado que solo tenían acceso a la documentación de su piea, por lo que permitir incorporar documental de otras piezas generaría indefensión.