El juicio por el caso Kitchen, visto para sentencia cuatro meses después

El juicio por el caso Kitchen ha quedado visto para sentencia cuatro meses después de que arrancara.

El último turno de palabra solamente lo han aprovechado el excomisario Villarejo, el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Últimas declaraciones

Villarejo ha señalado que en vísperas de su 75 cumpleaños -que cumple la semana que viene- que “se pregunta cómo se le ha ocurrido pisar callos tan importantes para terminar como ha terminado”.

El excomisario ha defendido su inocencia afirmando que “las anotaciones” del diario eran, valga la redundancia, “de uso diario”. “Eran tantas las cosas, que ahora mismo no sabría decir por qué apunté tantas cosas”, ha dicho, para pasar a continuación a hablar de los audios.

Villarejo ha defendido que eran sus “funciones” como “agente de inteligencia” y que “no había ninguna intención”. “Jamás hasta que fui detenido… Estaban en mi caja fuerte”, ha indicado para, en última instancia “lamentar el daño” que haya podido ocasiones a las personas que “se han visto incursos en ellos” y rebajar su importancia: “No dejan de ser comentarios en ambientes distendidos”.

Andrés Gómez Gordo ha emitido que no ha tenido “ninguna participación en la ideación de esta operación”, mientras que el exchófer se ha pronunciado en los siguientes términos: “Cuando ante cualquier ciudadano normal se identifican agentes de la autoridad, qué hubiera hecho cada uno de nosotros. Yo jamás he tenido conocimiento de irregularidad alguna. Les pido la duda razonable y justicia”.

El abogado de Sergio Ríos, de quien era el turno este martes, ha mantenido la línea argumental de que el chófer participó en una operación política legal, sin cometer en ningún caso ninguna irregularidad. Ni conocerla. Según ha señalado, él creyó que ayudaba a la Policía en un “despliegue ilícito” y fue “captado por medios policiales”. “Le explicaron lo que querían que supiera”, ha argumentado.

Según el abogado, Javier Ignacio Navarro, él estaba “casi obligado a aceptar esa labor de confidente”, y debido a su puesto de “conductor y escolta” observaba a diario como Bárcenas, extesorero del PP, y su mujer, “estaban cometiendo delitos muy graves”.

Según ha concretado, la persona que trabajara para el PP le daba “billetes de 500” para cumplir con recados; y movía “joyas y cuadros” que pueden servir para “blanquear”. La defensa ha sostenido que, el chófer veía el “alto nivel de vida de la familia” y que no podía sospechar su cliente de la “ilicitud de una operación policial de inteligencia”. “Cómo iba a pensar que era ilegal cando él estaba viendo todas las ilegalidades que estaba cometiendo la familia”.

El abogado, que ha llegado a tachar a Bárcenas de “delincuente y embustero”, ha sostenido que su defendido es “el último mono de esta operación”, mientras que el extesorero planteó las acusaciones del caso como una suerte de “venganza”. El famoso caso Kitchen, que nunca existió con tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó”, ha dicho.

37 sesiones después

Desde el pasado 6 de abril, se han celebrado 37 sesiones hasta que este martes la Audiencia Nacional cerraba otro capítulo del sumario, el último.

El juicio ha tenido una gran repercusión mediática, dado que entre las personas que se han sentado en el banquillo se encuentran el que fuera ministro con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; o Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía (DAO).

La Audiencia solicita 19 años de cárcel para el excomisario Villarejo, que participó de la captación del chófer de Bárcenas, para quien también piden 12 años y medio de prisión.

En su escrito de acusación, Anticorrupción mantiene que la trama captó y pagó con los fondos reservados a Ríos, quien les habría facilitado información confidente de la familia para la que trabajaba.

Él admitió que ejerció como confidente, pero que “hubo seis más”, y rechazó haber entregado “documentación” o “material” de la familia a las cúpulas de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior. Asimismo, dijo que él no había participado en el volcado y la copia de tres aparatos electrónicos que presuntamente se intervinieron al extesorero popular.

En la fase de instrucción, el comisario García Castaño admitió ese volcado y aseguró que esos aparatos se los dio el conductor. El presunto copiado habría tenido lugar en un restaurante al que acudieron dos técnico de la Policía. Los dos señalaron que la persona que daban los dispositivos se la presentaron como “confidente” de García Castaño, algo que desmiente Ríos.

Ya después del alegato de éste, la Abogacía del Estado ha intervenido para oponerse a que se condene a la Administración como responsable civil subsidiaria de la Operación Kitchen, como reclaman la Fiscalía y la familia Bárcenas.

En última instancia, el tribunal ha ofrecido a los ocho acusados la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra. Ni Jorge Fernández Díaz, ni Francisco Martínez la han utilizado.