Una jueza de Santander ha propuesto sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola por el ataque con artefactos explosivos caseros cometido contra la sede del PSOE de Cantabria durante una charla sobre memoria democrática celebrada el 25 de abril de 2025.

La magistrada Mercedes Compostizo ha dado por terminada la investigación al considerar que existen indicios suficientes de que ambos jóvenes planificaron y ejecutaron conjuntamente la acción. La resolución, fechada el 17 de junio, atribuye provisionalmente a los investigados posibles delitos de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones, según ha adelantado El País

La decisión judicial no equivale a una condena. Los dos investigados conservan su derecho a la presunción de inocencia y será el tribunal encargado del eventual juicio el que determine si los hechos quedan probados y qué responsabilidad corresponde a cada uno.

El PSOE, personado como acusación, amplía la calificación jurídica y reclama también que se les juzgue por un delito de odio y otro de atentado contra la autoridad. El partido solicita para cada uno una pena total de 14 años y nueve meses de prisión

Un ataque durante una charla con decenas de asistentes

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.15 horas del 25 de abril de 2025. En ese momento, la sede socialista de la calle Tres de Noviembre de Santander acogía el acto De la memoria al respeto, organizado para abordar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el cambio de denominación de varias calles vinculadas al franquismo.

Entre el público se encontraban militantes, simpatizantes, concejales y cargos institucionales. La resolución judicial sitúa la asistencia por encima del medio centenar de personas, mientras que el PSOE habló inicialmente de más de 70 participantes. Entre ellos estaban Pedro Casares, secretario general de los socialistas cántabros, y Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas. 

De acuerdo con el relato recogido por El País, la jueza atribuye a René Odriozola la entrada en el local con el rostro cubierto. Una vez dentro, habría arrojado dos garrafas, una de 1,5 litros y otra de seis litros, detrás de la silla de una de las asistentes. Los recipientes contenían una mezcla preparada para generar una reacción química y una posterior explosión. 

Una de las mujeres presentes reaccionó inmediatamente, recogió los recipientes y los sacó de la sala antes de que estallaran. Las explosiones se produjeron finalmente junto a la entrada de la sede, sin causar heridas físicas graves. La actuación de la asistente evitó que los artefactos explotaran en el interior de un espacio cerrado y concurrido. 

Según la acusación socialista, una explosión dentro del salón podría haber provocado una situación de pánico, una avalancha o una estampida. La mujer que retiró las garrafas habría sufrido secuelas psicológicas y necesitó asistencia médica, extremo incluido en la causa judicial. 

La investigación apunta a un reparto de funciones

La magistrada sostiene que ambos investigados actuaron de común acuerdo, aunque les atribuye funciones diferentes. Según el auto citado por El País, Miguel Toribio habría investigado cómo fabricar el compuesto y participado en el traslado de los materiales necesarios, mientras que Odriozola habría accedido a la sede y arrojado los recipientes. 

Entre los principales indicios reunidos durante la instrucción figuran las declaraciones de los propios investigados, el posicionamiento de sus teléfonos móviles y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un hotel cercano.

Esas grabaciones mostrarían a los jóvenes transportando bolsas en cuyo interior, según la investigación, llevaban los componentes utilizados posteriormente para preparar los artefactos. La geolocalización de los teléfonos también los situaría en las inmediaciones de la sede socialista antes de la acción. 

Los dos jóvenes fueron detenidos en septiembre de 2025, uno en Cantabria y otro en la provincia de Ourense. Tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad sin medidas cautelares mientras continuaba la investigación. 

Uno de los investigados es hijo de Carmen Pérez, alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana, municipio en el que los populares gobernaban con el apoyo de Vox. La regidora condenó públicamente la violencia, defendió que la responsabilidad sería exclusivamente personal y pidió que la causa no se vinculara con su actividad política.

Una motivación política en el centro de la causa

La jueza considera que la elección del objetivo, el contenido del acto y los mensajes dejados en los recipientes permiten apreciar una posible motivación ideológica.

En una de las garrafas se encontró una nota con la frase “Frente a mentiras revanchistas, PSOE satanás”. La acción coincidió deliberadamente con una conferencia sobre memoria democrática, centrada en la retirada de nombres franquistas de 18 calles de Santander y en el reconocimiento de víctimas de la dictadura. 

La investigación policial vincula a los dos jóvenes con un grupo de ideología radical relacionado con La Falange, según recoge la resolución difundida por El País. La magistrada señala que compartían una posición política radicalmente contraria al PSOE. 

El ataque no se produjo contra una sede vacía ni se limitó a causar daños materiales. Los artefactos fueron introducidos durante una reunión política y dirigidos contra un acto relacionado con la memoria democrática, una circunstancia que refuerza la relevancia de la motivación ideológica en el procedimiento.

Tras el ataque, dirigentes socialistas lo encuadraron en una sucesión de agresiones, amenazas y actos vandálicos contra sus sedes y militantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió entonces que el partido seguiría defendiendo la memoria, el respeto y la justicia frente a la violencia y el odio. 

La conclusión de la instrucción abre ahora una nueva fase. Las acusaciones deberán presentar sus escritos y solicitar formalmente la apertura del juicio oral. Será en ese proceso donde deberán probarse la autoría, la planificación conjunta, la motivación ideológica y el alcance penal de una acción que puso en riesgo a decenas de personas reunidas en la sede socialista.

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