El juez instructor de la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha empezado a recabar vídeos para intentar multar al abogado de la mujer de Pedro Sánchez, el letrado Antonio Camacho, por sus declaraciones a la prensa después de comparecencias de relevancia.

Peinado está llevando a cabo el mismo modus operandi contra Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, representantes de Vox y el grupo ultracatólico Hazte Oír respectivamente, también por las breves manifestaciones a los medios de comunicación después de algunos momentos clave para el devenir del juicio, a pesar de que en el transcurso de la investigación se están produciendo filtraciones constantemente.

Un ejemplo de la forma de proceder del juez data del pasado 18 de diciembre, primera vez en la que declara Begoña Gómez, dado que antes la esposa de Sánchez se había amparado en su derecho a no responder las cuestiones.

Como consecuencia de unas pequeñas manifestaciones de las partes, según refleja una resolución dictada el pasado 13 de enero a la que ha tenido acceso El País, el juez ordena a Atresmedia, RTVE y Telecinco que le envíen una “copia de las grabaciones” que “fueran emitidas y que contuvieran declaraciones” de estas tres personas. Además, pide que los letrados decir si “realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial” en aquella primera jornada en la que habló Gómez.

Como era de esperar, el momento tuvo una enorme repercusión mediática, con decenas de medios de comunicación que esperaban a la puerta del juzgado, lo que provocó que a los letrados, cuando salieron de sede judicial, les esperaran varios profesionales para hacerles preguntas a las que éstos respondieron de manera muy escueta.

De hecho, Camacho se limitó a exponer la posición de su clienta, negando los delitos que se les atribuye, mientras que la parte que defiende a la formación y la agrupación de extrema derecha también estuvieron parcas en declaraciones. Pérez Roldán indicó que “si de verdad no hubiera nada (Begoña Gómez) hubiera respondido”, mientras que Castro deslizó que seguían “con preguntas que no se han contestado”.

Filtraciones constantes

A pesar de que las filtraciones del sumario han sido una constante y que los detalles de la instrucción se han difundido por diversos medios de comunicación, Peinado avisó a las partes dos días después de que abriría una investigación contra los tres protagonistas de este artículo para ver si su actuación era susceptible de multas.

Entre las reacciones ante la última actuación polémica del magistrado, que no abandona la posibilidad de que los letrados sean castigados -las multas por lo que les acusa pueden alcanzar los 100.000 euros- por hablar ante los medios con unas declaraciones que calificó de “rueda de prensa” se encuentra la del colectivo Iustitia Europa, que está personado también como acusación popular. Esta asociación anunció que solicitaría “amparo inmediato” al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por este “atropello al derecho fundamental de libertad de información reconocido en la Constitución y en abundante jurisprudencia constitucional”.

De polémica en polémica

Peinado acumula otras acciones polémicas con más actores jurídicos que intervienen en el procedimiento. Con ello, al poco de abrir las pesquisas, el magistrado ordenó la elaboración de un informe acerca de las “frecuentes e inusuales visitas” al juzgado del fiscal del caso, quien se quejaba de que esta era la única forma que tenía de conocer decisiones importantes adoptadas por el magistrado dado que el juez no notificaba algunas resoluciones hasta después de que se publicaran en la prensa.

Dentro de las actuaciones polémicas de la persona encargada de instruir la causa se sitúan la imputación de varias personas sin que aparezcan nuevos indicios contra ellas y a pesar de que ya hayan declarado como testigos. Una de ellas es Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre, a su vez alto cargo del Instituto de Empresa, tras decir que el cargo de Gómez no tenía nada que ver con su relación sentimental con el presidente del Gobierno. Peinado consideró que había contradicho a otro testigo para intentar salvar a Gómez, lo cual nunca sucedió, según reflejan las actas de las comparecencias.

También la Audiencia Provincial de Madrid pone en entredicho la gestión que está haciendo el juez. En su caso, se detiene en una resolución del 1 de julio del año pasado, cuando el juez señaló que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial”.

Los magistrados consideraron que el juez se había excedido con dicha afirmación y que, además, no se había “ajustado a lo resuelto” por ellos con anterioridad. Dado que la Audiencia había dejado fuera de la instrucción a la parte que tenía que ver con la supuesta relación de Gómez con Globalia. Pese a ello, el juez continuó con esa área del caso.