Juan Carlos Güemes, ex consejero de Sanidad, Familia y Empleo de la Comunidad de Madrid durante la era Esperanza Aguirre, tendrá que desfilar por los tribunales. Ha sido el juez Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el que ha citado a una de las “ranas” de la exlideresa, que fue imputado en 2013 por presuntas irregularidades en los procesos de privatización de varios hospitales y en el marco de la macrocausa Púnica por presunta financiación irregular del PP. Sin embargo, en sendas situaciones, el caso se archivó.
Ahora, Güemes volverá a sede judicial, pero esta vez será en calidad de testigo y no como investigado. El titular del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, agenda su comparecencia para el próximo 18 de noviembre. Y es que quien fuera “rana” de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ordenó a la directora de recursos humanos del Instituto de Empresa la contratación de la esposa del jefe del Ejecutivo, en calidad de presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, cargo que ostenta desde el año 2010.
La orden de Güemes
Así las cosas, el próximo mes de noviembre, tanto Güemes como Adriana Ángel, trabajadora del Instituto de Empresa que también fue citada el miércoles en su declaración por la responsable de Recursos Humanos de la organización, Sonsoles Blanca Gil Antuñano. Precisamente fue ella quien afirmó que no valoró la contratación de la esposa del presidente del Gobierno en la institución porque no era su función principal, sino que recibió una orden directa de un jefe.
El encargado, por tanto, fue Juan José Güemes, quien ejerciera la cartera de Sanidad, Empleo y Mujer durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Una de las “ranas” de la exlideresa que, desde 2010, dirige el Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School. Por eso, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez optó por citar al presidente de la entidad, de la que a su vez depende África Center, que la esposa del jefe del Ejecutivo dirigió durante cuatro años.
Así, según consta en la concatenación de sucesos, contrató a Begoña Gómez como directora del IE África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez congregara la mayoría parlamentaria necesaria para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa con la moción de censura. Un cargo que mantuvo hasta junio de 2022. De hecho, el pasado 29 de julio, ya declaró como testigo el presidente del IE, Diego del Alcázar, quien indicó que la contratación de la esposa de Sánchez se justificaba acorde a su buen currículum.
El historial en la "charca" de Aguirre
Güemes llegó al Centro de Emprendimiento en marzo de 2010, aunque en 2012 también se le designó vicepresidente de Asuntos Económicos de la institución. Sin embargo, antes tuvo una incursión en la vida pública de la mano del Partido Popular de Madrid, llegando a puestos de absoluta responsabilidad, como la Consejería de Sanidad y Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, tras haber salido de la política, en 2013, un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada contra el propio Güemes y otras ocho personas, acusados de cometer irregularidades durante la privatización de la gestión sanitaria externalizada de hospitales como Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el de Torrejón. En octubre de ese mismo año, además, se le imputaron delitos de cohecho y prevaricación junto al también exconsejero de Sanidad regional, Manuel Lamela. Una querella que, pese a todo, fue archivada al considerar el tribunal que no estaba “debidamente justificada la perpetración de los delitos”.
El caso se archivó, como también ocurriría con la privatización sanitaria madrileña, sin dar cabida siquiera a la reapertura de la causa en caso de que aparecieran nuevas apreciaciones de naturaleza penal. Al margen de todo ello, a Güemes, junto al resto de las “ranas de la charca”, también le salpicó la trama Púnica, macrocausa que investigaba una presunta financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Sin embargo, la Audiencia Nacional acordó su archivo el pasado año.