El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este lunes levantar parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Díez. En su auto, el instructor ha explicado que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede el levantamiento parcial de la medida. Pese a este levantamiento, sigue en secreto la pieza de la SEPI por el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.
En este caso se está investigando a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por una supuesta participación en una red que buscaría “desestabilizar” causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
El magistrado inicia con este levantamiento parcial de sumario los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas, "a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa".
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado a Cerdán.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Por otro lado, Pedraz también investiga la presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez atribuye un "papel superior" a Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".
Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".
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