El juez Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha enviado una providencia reclamando a la Unidad Central Operativa (UCO) que estudie si el móvil y las tarjetas incautadas en el registro del despacho del líder del Ministerio Público realmente pertenecen a Álvaro García Ortiz. Esta decisión ha sido adoptada después de vislumbrar que en el móvil requisado al fiscal no aparece ningún mensaje en los días en lo que presuntamente se filtraron los correos electrónicos que dejan patentes los delitos por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, el juez instructor, Ángel Hurtado, ha solicitado que se identifiquen los números y códigos de los teléfonos vinculados a las tarjetas SIM confiscadas en el registro del despacho de García Ortiz, así como la titularidad de dichos números. Esta decisión responde a los resultados obtenidos en el análisis pericial realizado por la UCO, donde, según el informe, se hallaron "cero mensajes" en los dispositivos durante un período considerado clave en la investigación: del 8 al 14 de marzo.
A pesar de la falta de mensajes en los dispositivos de García Ortiz, un informe anterior de la Guardia Civil confirmó la existencia de comunicaciones en las mismas fechas entre el fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también es investigada en esta causa. Los mensajes fueron hallados en el móvil de Rodríguez, lo que ha generado dudas sobre si los dispositivos analizados por la UCO son los mismos desde los que se enviaron dichas comunicaciones.
Fuentes jurídicas consultadas explican que las nuevas diligencias solicitadas buscan esclarecer si el móvil usado por García Ortiz para enviar esos mensajes coincide con los dispositivos ya analizados. Esto podría ser clave para determinar la posible implicación del fiscal general en la filtración de información.
La polémica de la noche del 13 al 14 de marzo
La investigación se enmarca en una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella se basa en una presunta filtración de correos electrónicos a la prensa la noche del 13 de marzo, horas antes de que la Fiscalía publicara una nota de prensa sobre el caso.
El comunicado, difundido a las 10:20 del 14 de marzo, se refería a un intercambio de correos entre González Amador y su defensa. Según la Fiscalía, la nota buscaba desmontar un "bulo" publicado la noche anterior en El Mundo, donde se afirmaba que fue el fiscal quien ofreció un pacto a González Amador, cuando, según la Fiscalía, ocurrió lo contrario.
El Supremo, sin embargo, descartó que la nota de prensa de la Fiscalía constituyera delito, ya que la información difundida en el comunicado había sido publicada previamente en los medios. En cambio, el alto tribunal centró su investigación en la filtración de los correos electrónicos a lo largo de la noche previa.