El titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha destacado la “gravedad” de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por los que han sido denunciados por la Fiscalía los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Tal como ha adelantado El País, el juez subraya que pudieron cometerse, “en el momento más álgido de la pandemia del coronavirus, con miles de fallecidos diarios”.
Además, el magistrado permite la personación de los partidos de la oposición madrileña, PSOE y Unidas Podemos, como acusación popular en la causa que se investiga el pelotazo por las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. También pide a Rita Maestre y Más Madrid que cumplimenten un trámite que le falta para figurar como parte en la causa.
En el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com, se incide en que dichos delitos “no solo afectan a los fondos públicos”, sino que debe tenerse en cuenta que tienen “un interés general y una enorme repercusión pública”. El objetivo es el de determinar si esos fondos “beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
Luis Medina aprovechó sus amistades
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella en los juzgados contra los empresarios, Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Luceño Cerón, por presuntamente cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario para la pandemia tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, tras aprovecharse uno de ellos de la amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida. Según la Fiscalía, ambos empresario habría cometido los delitos de estafa agravada; falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales
Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista, subraya el escrito de la Fiscalía. Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid como compradora, y la compañía malaya EEE como vendedora para adquirir material sanitario.