Esta semana, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el bautizado como ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama, interroga al expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al que fuera CEO de la compañía, Roberto Roselli. El primero de ellos lo hace este lunes y, el segundo, el próximo martes. Ambos, antes de la ceremonia de apertura del año judicial del 10 de septiembre, tradicional pistoletazo de salida de los tribunales.
Estos rostros de la cúpula de la empresa, investigados por el préstamo recibido por la aerolínea, afirmaron que la firma había pagado “elevadas cantidades de dinero” por la presunta mediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el rescate que se llevó a cabo durante la pandemia.
Ambos exdirectivos dimitieron de sus cargos a finales del mes pasado después de admitir pagos en sus escritos remitidos al juzgado. Señalaron que la aerolínea había pagado “elevadas cantidades de dinero” al socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, por la presunta mediación del antiguo responsable del Ejecutivo para el rescate.
Qué dice la cúpula de la empresa
En su versión, expresidente y antiguo CEO aseguraron tener “plena conciencia” de que el a su vez dueño de Análisis Relevante y Zapatero “sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener”.
Las defensas de los dos directivos recogieron una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo consejero de la aerolínea, en la que el exCEO de Plus Ultra decía “Así que por ahí vendrá la mordida”. Dicha conversación fue intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes remitidos al magistrado.
Ambas voces -Martínez Sola y Roselli- señalaban que no “llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. Aun así, declararon que “como medida desesperara, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero”.
Según estas palabras, que no confirmarían una vinculación del expresidente del Ejecutivo de España con ningún acto delictivo, ni corroboraría la mediación de este en el rescate, la aerolínea pagó “elevadas cantidades de dinero por tales labores” y a las que, “eufemísticamente”, llamaron “de acompañamiento”, según el escrito. La cifra de la que se habla es de un 1% del valor del rescate.
Los directivos de la compañía emitieron que el pago de esa cantidad, que se corresponde con 530.000 euros, se llevó a cabo entre 2020 y 2025, de manera que 249.000 euros se ingresaron a Análisis Relevante, mientras que 98.617 terminaron en Voli Analítica y 110.799 en Domotic Europe, todas ellas empresas relacionadas con Martínez Martínez.
El expresidente y exCEO de Plus Ultra desgranan que el socio de Zapatero “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase ‘business’ que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes” y hablan de unas 40 facturas por un coste de entre 6.050 y 7.250 euros en concepto relativo a un informe “pese a que no existió” tal informe y que, los que llegaron, eran “irrelevantes”.
Las personas a las que el juez Calama interroga esta semana indican que la aerolínea quiso realizar una “regularización completa y más exacta” del pago a las empresas, pero que ésta “quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuenta definitiva”.
Asimismo, hablan de “otros pagos” a Martínez Martínez, sin precisar cantidad, a cambios de “intentas labores” que el empresario habría supuestamente llevado a cabo en Venezuela, entre las que aluden a la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.
Los exdirectivos apuntan que Martínez Sola recibió una llamada desde número oculto de Zapatero que duró “aproximadamente diez minutos”, y en la que el primero le hizo una “breve exposición” al secretario general de los socialistas “sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO”.
Siguiendo con la versión de ambos, el expresidente Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda” y deslizó “que haría las gestiones oportunas” y que, desde ese momento, su contacto sería “con una persona de su confianza” en alusión a Julio Martínez Martínez. “En dicha conversación con Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”; apuntan.
Los dos defienden los “errores” de la compañía, la cual niegan que sea “pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita”, y atribuyen a una “situación desesperada” que la misma se viera “involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y una operativa de tráfico de influencias”.
Antes del verano
La última actuación del juez Calama antes de las vacaciones fue la petición a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), para que realizara “un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social” de la aerolínea. El objetivo pasaría por conocer el capital venezolano que “supuestamente” se invirtió en la compañía, por el “impacto” que pueda tener en la “consideración” de la empresa cuando fue rescatada en 2021.
En julio, el magistrado autorizó investigar y rastrear decenas de cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar, su socio y varias empresas.
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