Vicente Ríos, magistrado del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, ha archivado la denuncia del presidente provincial de Vox, José María Llanos, contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y contra la vicealcaldesa Sandra Gómez por delito de odio y calumnias; tal y como adelanta Loreto Ochando en Valencia Plaza.
Las declaraciones de Ribó las realizó después de que Vox se negara a acudir al acto del Día Internacional Contra la Violencia de Género, celebrado el pasado 25 de noviembre.
Desde la formación de extrema derecha apuntaban que su portavoz en el consistorio, José Gosálbez, expuso “claramente” que Vox, condenaba “enérgicamente la violencia que sufra la mujer” en su alocución de ese día.
“Los hechos denunciados no revisten los caracteres de delito alguno, aun cuando el denunciante entienda que se hayan cometido delitos de odio y de calumnias”, reza el auto, según Valencia Plaza. En este sentido, el magistrado Ríos precisa que que lo dicho por los políticos progresistas “es una crítica política amparada por la libertad de expresión”.
Vox acompañó la demanda con fragmentos de periódicos en los que se recogía la crítica de Ribó. En este sentido, el juez dice que “en los artículos acompañados a la denuncia se recoge el posicionamiento de Vox, y el denunciante no hace referencia alguna a que no se recojan de manera adecuada, y veraz, las informaciones publicadas al respecto”.
El juez quita hierro al asunto al entender que las manifestaciones de Ribó y Gómez se enmarcan en la crítica política y no se dice ue Vox no condene la violencia que sufre la mujer: es “una crítica, sin duda acerba, pero en cualquier caso política, acerca de la posición de los dos concejales de Vox” por no acudir al acto.
De las declaraciones de Sandra Gómez, Ríos insiste en que “se limita a manifestar su intención de proponer una moción para reprobar ‘el negacionismo machista de Vox’, y que añade que negar el machismo es negar algo que ha asesinado a más de 1.000 mujeres en España, lamentando que la posición de Vox suponga una ruptura en el gran consenso político existente en esta cuestión durante años”.
Con respecto a lo dicho por Joan Ribó, explica el auto que, igual que en el caso de Sandra Gómez, “nos hallamos ante una crítica claramente política, y amparada en el legítimo ejercicio del derecho de cualquier ciudadano a expresarse libremente, y de un responsable político, y en este caso municipal, a fijar su posición sobre un tema tan relevante, al igual que en el ejercicio de sus derechos lo hicieron los concejales de Vox”.