Jueces para la Democracia ha denunciado que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado hoy por el Gobierno y que fija por ley el plazo máximo de seis meses para las investigaciones penales es “una medida de mera propaganda” y “puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que serían especialmente preocupantes en los casos de corrupción”. Añaden: “en lugar de iniciativas apresuradas y sin fundamento, solicitamos un Pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas se comprometan de verdad a la modernización de nuestro sistema judicial”.
Ante la aprobación por el Gobierno este viernes del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se plantea como modificación principal la fijación de un plazo máximo de seis meses para las investigaciones penales, que en algunos casos sería prorrogable a 18 meses la asociación Jueces para la Democracia ha hecho pública su crítica a una medida que consideran mero maquillaje.
El problema, la falta de medios
Para Joquim Bosch, portavoz de JpD “en el ámbito judicial existe coincidencia en que sería muy positivo que nuestra administración de justicia diera una respuesta más rápida. Pero resulta notorio que las causas de estas demoras se encuentran en la falta de medios y en las insuficiencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los procesos puedan ser más ágiles”.
Mera propaganda
“Por ello, la fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida”, continúa.
Sobreseimientos y cierres en falso
Al contrario, JpD considera que la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones “puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser especialmente preocupantes en los casos de corrupción. Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los ERE o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer”.
Brindis al sol
“Sin duda, resulta mucho más sencillo maquillar una ley en el parlamento que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro deteriorado sistema judicial. Pero ello no justifica que se pretenda actuar a base de golpes de efecto o de brindis al sol”, añaden.
El Código Penal aparcado
Recuerda el portavoz de los jueces progresistas que el ministro Gallardón “tuvo largo tiempo para preparar un nuevo Código Procesal Penal, que quedó finalmente aparcado, a pesar de contar con un Gobierno apoyado por una mayoría absoluta parlamentaria”.
Iniciativa precipitada
Y destaca: “La incapacidad para llevar adelante esta nueva legislación ahora se convierte en una iniciativa precipitada, que supone un parche poco realista y absolutamente incapaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia.
Sin inversiones
“En su comparecencia ante los medios, el ministro Rafael Catalá no ha explicado cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados”, resalta. “Al contrario, a los jueces nos ha dicho que no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales. Y que debemos arreglarnos con los medios actuales”.
A la cola de Europa
Se remite JpD a las advertencias recientemente realizadas por los magistrados decanos, que señalaban que España se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante, así como en el gasto en Justicia. “Y que nuestros juzgados carecen de los recursos materiales más elementales y necesitan más peritos especializados y policía judicial que dependa de nuestros tribunales”.
Los corruptos tienen más medios
No olvidan que aún se está a la espera de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y que los sistemas informáticos sean compatibles, “pues no resulta posible el traslado de información con la Fiscalía y entre la mayoría de comunidades autónomas. No resulta admisible que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción judicial que los juzgados para perseguirles”.
Un pacto de Estado
“Por ello, sorprende que sigan sin resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir. Reclamamos a los poderes públicos más responsabilidad y que no se generen expectativas que acaban provocando más frustración entre la ciudadanía. En lugar de iniciativas apresuradas y sin fundamento, solicitamos un Pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas se comprometan de verdad a la modernización de nuestro sistema judicial”, concluyen.
Ante la aprobación por el Gobierno este viernes del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se plantea como modificación principal la fijación de un plazo máximo de seis meses para las investigaciones penales, que en algunos casos sería prorrogable a 18 meses la asociación Jueces para la Democracia ha hecho pública su crítica a una medida que consideran mero maquillaje.
El problema, la falta de medios
Para Joquim Bosch, portavoz de JpD “en el ámbito judicial existe coincidencia en que sería muy positivo que nuestra administración de justicia diera una respuesta más rápida. Pero resulta notorio que las causas de estas demoras se encuentran en la falta de medios y en las insuficiencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los procesos puedan ser más ágiles”.
Mera propaganda
“Por ello, la fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida”, continúa.
Sobreseimientos y cierres en falso
Al contrario, JpD considera que la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones “puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser especialmente preocupantes en los casos de corrupción. Solo hay que pensar que en asuntos como el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los ERE o el caso Fabra, entre muchos otros, si se hubiera aplicado ese plazo máximo, hay muchísimos datos que habría sido imposible conocer”.
Brindis al sol
“Sin duda, resulta mucho más sencillo maquillar una ley en el parlamento que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro deteriorado sistema judicial. Pero ello no justifica que se pretenda actuar a base de golpes de efecto o de brindis al sol”, añaden.
El Código Penal aparcado
Recuerda el portavoz de los jueces progresistas que el ministro Gallardón “tuvo largo tiempo para preparar un nuevo Código Procesal Penal, que quedó finalmente aparcado, a pesar de contar con un Gobierno apoyado por una mayoría absoluta parlamentaria”.
Iniciativa precipitada
Y destaca: “La incapacidad para llevar adelante esta nueva legislación ahora se convierte en una iniciativa precipitada, que supone un parche poco realista y absolutamente incapaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia.
Sin inversiones
“En su comparecencia ante los medios, el ministro Rafael Catalá no ha explicado cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados”, resalta. “Al contrario, a los jueces nos ha dicho que no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales. Y que debemos arreglarnos con los medios actuales”.
A la cola de Europa
Se remite JpD a las advertencias recientemente realizadas por los magistrados decanos, que señalaban que España se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante, así como en el gasto en Justicia. “Y que nuestros juzgados carecen de los recursos materiales más elementales y necesitan más peritos especializados y policía judicial que dependa de nuestros tribunales”.
Los corruptos tienen más medios
No olvidan que aún se está a la espera de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y que los sistemas informáticos sean compatibles, “pues no resulta posible el traslado de información con la Fiscalía y entre la mayoría de comunidades autónomas. No resulta admisible que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción judicial que los juzgados para perseguirles”.
Un pacto de Estado
“Por ello, sorprende que sigan sin resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir. Reclamamos a los poderes públicos más responsabilidad y que no se generen expectativas que acaban provocando más frustración entre la ciudadanía. En lugar de iniciativas apresuradas y sin fundamento, solicitamos un Pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas se comprometan de verdad a la modernización de nuestro sistema judicial”, concluyen.