Este jueves han acudido a declarar en el Tribunal Supremo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal que comenzó la causa penal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, Julián Salto, ambos citados como testigos en el procedimiento abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos derivada de la presunta filtración del correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía que su cliente cometió dos delitos fiscales. En su declaración, Lastra ha explicado que la mañana del 14 marzo le preguntó en tono de reproche a García Ortiz si había filtrado el correo y, según su versión, éste le contestó "eso no importa ahora".
La conversación se produjo mientras Lastra iba en un taxi e iba hablando con el móvil con García Ortiz sobre la nota de prensa que se envió a la mañana siguiente para desmentir un bulo publicado por el periódico El Mundo, y viendo las informaciones que estaban saliendo en prensa llegó a la conclusión de que esas informaciones "solo" podían haber salido de Fiscalía, y que fue por es por lo que le preguntó al fiscal general si lo habían filtrado.
Al mismo tiempo que ha dicho lo de García Ortiz, la fiscal superior también ha reconocido que esos correos estaban enviados a un correo genérico de la Fiscalía desde el día 7 de marzo al que, como explica la defensa del fiscal general, tenían acceso cerca de 500 personas entre fiscales y funcionarios de la sección de Delitos Económicos.
En el caso de Lastra, además de lo anterior, también ha vuelto ha reiterar que fue el fiscal general del Estado la persona que quiso hacer una nota de prensa para desmentir el bulo, y que ella estaba en contra de esa nota, aunque sí apoyaba defender que no había sido la Fiscalía de Madrid quien ofreció el acuerdo de conformidad, sino que lo había solicitado el abogado defensor del novio de la presidenta madrileña. La fiscal superior ha estado una hora y media declarando en el Alto Tribunal.
Por su parte, tanto Lastra como el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, que actualmente forma parte de Madrid Digital como delegado digital del Ministerio Público, han aseverado que no existe ningún protocolo de barrado de mensajes por seguridad en la Fiscalía, tal y como se ha argumentado por parte de la Fiscalía General del Estado para justificar el borrado de los citados mensajes en los dispositivos móviles del fiscal general del Estado.
Más declaraciones
Estas declaraciones se han producido la misma semana que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha acordado citar como investigados el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor toma la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, en el mismo auto, el magistrado acordaba extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por cuanto entiende, con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que, de manera coordinada con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)”. El fiscal general está citado para el día 29 de enero, la fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero, y para el 5 de febrero, el fiscal Diego Villafañe, todos ellos como investigados.