El presidente de la sala del Tribunal Supremo (TS) que terminó condenando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso que el Alto Tribunal investigaba por revelación de secretos, podría haber incurrido en un delito de revelación de datos reservados, casualmente lo mismo de lo que se acusó al fiscal general del Estado.
Ernesto Ekaizer lo adelantaba así en Malas Lenguas (TVE): “El día 20 se comunica que va a haber una sentencia (…) Dos días antes de concluir las deliberaciones, (Andrés) Martínez Arrieta dice que va a hacerla. La revelación pasa porque las deliberaciones no han terminado y ningún magistrado puede opinar, informar, revelar nada porque impera el secreto de las deliberaciones y él ha revelado en sede de la acusación popular (ICAM) que él es quien va a hacer la sentencia, sin ser él la ponente, que es Susana Polo”.
El magistrado al que alude el periodista dejó claro que “si hubiera un Manos Limpias progresista, ya habría una querella dirigida a la sala 61 del Supremo contra Martínez Arrieta por revelación de datos reservados”.
“Señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general”
El presidente de la sala que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pronunció esta frase en tono jocoso y entre aplausos coincidiendo con un curso que estaba impartiendo -pagado por el ICAM- y a su vez con la deliberación sobre el futuro del encausado, al que finalmente impusieron 7.200 euros de multa y le apartaron de sus funciones.
Junto a él impartieron los cursos -a razón de 90 euros la hora- otros dos jueces del Supremo que resultaron clave en el futuro judicial de García Ortiz: Juan Ramón Berdugo y Antonio Moral. Las ponencias tuvieron lugar los días 17,18 y 19 de noviembre; primero Del Moral, después Martínez Arrieta y en última instancia Berdugo.
Cabe recordar que el Colegio de Abogados fue la primera entidad que interpuso una querella contra la Fiscalía por presunta revelación de secretos en el caso del fiscal general del Estado. Cuando se conoció la sentencia, celebró después de su cruzada judicial contra el fiscal general.
El abogado de Manos Limpias abandona la causa
Ya que estas líneas hacen referencia a Manos Limpias, hay que recordar que esta semana su abogado renunció a seguir representando al pseudosindicato en el caso contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El letrado criticó que la abogacía “no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública” y que, lo que empezó siendo “un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica” había derivado en “un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”.
“El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal”, un hecho que entraría a “quebrantar” su labor como letrado por poderse “diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”, indicó.
El pseudosindicato se revela
Manos Limpias acusó a su ex abogado abiertamente de haber “violado el código ético”. La entidad sostenía que la renuncia obedece a una cuestión de “falta de confianza y de colaboración con las otras acusaciones popular”.
La respuesta, lejos de despejar dudas dejaba claro el lío interno para sostener una estrategia jurídica coherente en una causa que siempre ha estado plagada de controversia. A más a más, el comunicado insistía en que todas las decisiones relativas al procedimiento del llamado ‘caso Begoña Gómez’ se adoptan “de manera colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oír”, dejando claro que la implicación de este tipo de organizaciones forma parte de la estructura que dirige la acusación.
El juez Peinado los expulsa de la causa
A renglón seguido, el juez instructor expulsaba de la causa a Manos Limpias por no haber enviado el justificante de pago de la fianza para preservarse como acusación popular en el proceso judicial.
En concreto, pidió hace escasos días los justificantes bancarios de los pagos de la fianza para persistir como acusación popular, algo que Manos Limpias no ha acreditado y, por ende, ha quedado apartado.