La Fiscalía de San Sebastián archivó el pasado 12 de enero la investigación que tenía abierta al chalé de Xabi Alonso en el barrio de Igeldo de la capital guipuzcoana. El Ministerio Público había abierto diligencias contra el ahora ex entrenador del Real Madrid a raíz de una denuncia de dos asociaciones ecologistas en junio de 2025, que señalaban presuntas irregularidades en los accesos de la vivienda.
En el escrito, que se firmó el mismo día que el Real Madrid destituyó al donostiarra como entrenador, la fiscal apunta que no aprecian indicios de prevaricación en la actuación del Ayuntamiento de San Sebastián. La denuncia, interpuesta por Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan, señalaba que la reconstrucción del caserío de Xabi Alonso no había respetado las limitaciones de la zona rural de Txalin, en la que se ubica.
Según el documento, que recoge Eldiario.es, no hubo intención por parte del consistorio de bordear la ley, además de que la jurisdicción penal no es el ámbito para resolver cuestiones urbanísticas. El Ministerio Fiscal desdice a las asociaciones ecologistas, que acusaban al Ayuntamiento de haber eludido sus funciones al no impedir el uso de los accesos, que no eran de dominio público, en la construcción del chalé, de la que se ocupó Tavaro XXI, una sociedad mercantil gestionada por Xabi Alonso y su mujer, Nagore Aranburu.
La denuncia recordaba que el caserío ya fue considerado ilegal después de recibir la licencia en 2018. La remodelación se llevó a cabo a 8 kilómetros del lugar donde estaba originalmente, sin respetar la "tipología rural típica" de las casas de la zona, al ser de estilo moderno. Además, se autorizó la construcción de un sótano de 500 metros cuadrados, que superaría el límite permitido. A esto, las asociaciones añadían que la vivienda está cerca de un depósito de agua, y que el camino que lo conecta con la carretera de Igeldo "no es de uso público".
La Fiscalía no descarta irregularidades, pero cierra la vía penal
Según estas organizaciones, Tavaro XXI recibió una licencia temporal para explotar esa vía, que habría expirado en 2025, pero que se seguiría utilizando a día de hoy. En este sentido, la Fiscalía apunta que la situación descrita "se inscribe en el ámbito propio de la gestión administrativa del dominio público y de la interpretación de sus efectos jurídicos". Es decir, no descartan que puedan existir irregularidades en el uso del dominio público una vez ha expirado el plazo. Sin embargo, el Ministerio Fiscal apunta que no constan indicios de "una actuación dolosa, arbitraria o conscientemente injusta", que podrían derivar en una causa penal por el delito de prevaricación administrativa.
Así lo explica el documento, del pasado 12 de enero: "La mera persistencia de una situación administrativa controvertida [...] no determinan, por sí solas, la apertura de la vía penal, que debe reservarse a los supuestos más graves y claramente delimitados". De esta manera, la Fiscalía archiva las diligencias que podrían derivar en una causa penal y eleva el asunto a instrucción, donde se seguirá investigando por la vía administrativa.