La Fiscalía Antidroga teme una oleada de excarcelaciones de narcotraficantes tras un cambio de criterio del Constitucional

La Audiencia Nacional ha acordado en las últimas semanas la excarcelación de 24 investigados por su presunta implicación en una amplia red de narcotráfico. La medida se fundamenta en una reciente resolución del Tribunal Constitucional, fechada el 23 de febrero, que introduce un ajuste en su doctrina y exige a los jueces ofrecer una información más detallada a los detenidos enviados a prisión provisional en causas declaradas secretas.

El origen de este giro jurisprudencial, revelado este lunes por ElPaís, se sitúa en el caso de Rubén Galindo Vidal, agente detenido el 30 de enero de 2025 en una operación que destapó un narcotúnel en Ceuta, oculto en una antigua marmolería y utilizado durante años para introducir hachís desde Marruecos. Tras su arresto, María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, le entregó un documento con los “elementos esenciales” de la imputación antes de decretar su ingreso en prisión provisional y Galindo recurrió ante el Constitucional al considerar insuficiente esa información para ejercer su derecho de defensa.

El Alto Tribunal estimó su recurso y estableció que el juez debe precisar las fuentes de prueba que sustentan los indicios de participación del investigado. En este caso, el principal elemento incriminatorio era una conversación telefónica, cuya transcripción debió facilitarse a la defensa, según la resolución. Para la Fiscalía Antidroga, esta doctrina abre la puerta a que numerosos reclusos recurran si no recibieron información suficientemente concreta.

Nuevo cambio de doctrina

El tribunal de garantías ya había revisado su doctrina en 2017, a raíz de una directiva europea de 2012, estableciendo la obligación de proporcionar “elementos esenciales” que permitieran impugnar la prisión provisional, dejando al juez instructor la decisión sobre qué información podía compartirse sin perjudicar la investigación.

Ese criterio motivó, en abril del año pasado, la puesta en libertad del narcotraficante Ignacio Torán, acusado de introducir 73 toneladas de cocaína en España. El magistrado Francisco de Jorge había ordenado su ingreso en prisión en 2024, pero la Sala de lo Penal acordó su excarcelación al considerar que no se habían facilitado a la defensa los elementos esenciales de la acusación. Posteriormente, y tras la aparición de nuevos indicios, Torán volvió a ingresar en prisión.

La sentencia del 23 de febrero profundiza en esa línea y exige un mayor nivel de concreción. No basta con descripciones genéricas: el juez debe detallar el contenido de pruebas como testimonios, informes periciales o grabaciones. De lo contrario, no se considera garantizado el derecho de acceso a los elementos esenciales del procedimiento. La Fiscalía asegura que el cambio de proceder es peligroso, pero el Constitucional apunta en sentido contrario.

Agentes implicados en narcotráfico

El caso que ha inspirado la sentencia involucra a un agente de la Guardia Civil, situación mas habitual de lo que gustaría en casos de narcotráfico. Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos o investigados por delitos vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior desde 2021.

El pasado año, se contabilizaron 24 arrestos de miembros de los cuerpos policiales, la misma cifra que en 2023 y la más alta de los últimos cinco años.  El año con menos detenidos fue 2022, con 16 casos, según información dada por el Gobierno a EH Bildu, formación a la que ha detallado los 106 detenidos desde 2021, aunque sin revelar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico.