Los niños que llegan solos a España en busca de una vida mejor, lo que la extrema derecha denomina Mena (Menores no acompañados) de forma despectiva, ocupan un lugar importante en la memoria de la Fiscalía de Menores. La fiscal de Sala, Teresa Gisbert, no puede ser más clara cuando afirma que, "para superar esta situación de crisis es deseable la unidad, solidaridad y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para abordar de forma equitativa estas llegadas masivas en el marco de un proceso migratorio que arrastra a niños, niñas y adolescentes desarraigados y, en muchos casos, víctimas de trata, a quienes debemos procurar una mejora en su calidad de vida. Es necesario que se produzca una adecuada previsión de los posibles movimientos migratorios, y que ello permita una dotación racional y eficiente de recursos que a su vez dé respuesta a las necesidades que se produzcan en cada momento".

Explica Gisbert que, durante el año 2024, se ha vivido una llegada masiva de menores extranjeros con entrada mayoritaria por las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, si bien, su movilidad ha tenido reflejo en otras Comunidades como Cataluña, Andalucía y Madrid. En la capital a dichas entradas se han de añadir las efectuadas por el Aeropuerto de Madrid Barajas de personas que llegaron en vuelos procedentes de Casablanca y Egipto con destino a distintos países sudamericanos y que no solicitaron visado en tránsito.

Sobreocupación en la red de protección

"Esta situación ha supuesto una sobreocupación en la red de protección y especialmente en los centros de recepción, pese a la creación de plazas de urgencia y ampliación de los recursos de acogida. Las Palmas refiere el riesgo de la sobreocupación, de la creación de macrocentros con un elevado número de plazas que dificulta el trabajo individualizado con las personas menores de edad, el plazo excesivo de la estancia en recursos de primera acogida, y la falta de cualificación del personal al responder su nombramiento a una situación de crisis y de urgencia; lo que dificulta considerablemente la integración de los y las menores y su desarrollo educativo en España como país de acogida", dice Gisbert en su memoria. Y es por eso que pide la unidad, solidaridad y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para abordar este asunto.

Se han establecido unas líneas básicas de actuación para la determinación de la edad cuando la minoría de edad no puede ser fijada con seguridad y de forma indubitada, otro hecho utilizado por la extrema derecha para extender sus bolos racistas. Dice la fiscal que se debe examinar cada caso concreto de forma individualizada y sin recurrir a generalizaciones. Para ello, "durante ese ejercicio se dictó un nota interna Conjunta, en aras a perfilar el procedimiento previsto en el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados de 2014, vigente en tanto no se apruebe, en su caso, la Ley de Determinación de la Edad que trasladará la com- petencia sobre este particular al órgano judicial competente".

Sobre las estadísticas se dice en el documento que, los expedientes de determinación de edad se tramitan en el 97% de las secciones de menores, y el residual del 3% restante lo tramitan las secciones de extranjería. A lo largo de este ejercicio se han incoado 8.140 expedientes de esta naturaleza, estando pendientes de resolver a 31 de diciembre 3.904, pendencia que responde a la falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas.

Sobre este tema, dice la fiscal que Canarias muestra preocupación por el incremento de llegada de mujeres inmigrantes con menores con quienes no tienen ningún vínculo de filiación, pero que por su condición de apego no es conve- niente su separación, situación en la que operan con arreglo a los criterios establecidos en el Dictamen 5/2014 y Conclusiones de las Jornadas de Especialistas de Menores de 2023.