En la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como investigado ante el magistrado Ángel Hurtado por la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, no solo negó haber filtrado u ordenado la filtración, también hizo una defensa cerrada de sus subordinados, dos de ellos, su mano derecha Diego Villafañe, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, además están imputados también en este procedimiento.

Según consta en la transcripción de la declaración, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, García aseveró: "La señora Rodríguez se limitó a cumplir los mandatos estatutarios establecidos en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al igual que el teniente fiscal de las secretarías técnicas se limitó a hacer su trabajo, una de las cosas más dolorosas para mí como fiscal general del Estado, y lo podrán entender, es ver cómo las personas por hacer su trabajo, por perseguir el delito, dar una información veraz en su caso y obedecer las órdenes o las instrucciones del fiscal general del Estado se vean envueltos en una causa como esta".

El borrado del teléfono 

Respecto de uno de los puntos que más controversia ha generado, el borrado del contenido de sus terminales telefónicos, el fiscal general del Estado fue claro al contestar: "Yo borro todo, absolutamente todo, y borró todo de una manera regular de una manera absolutamente regular. Como le he dicho, los datos de mi terminal son datos ultra sensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar perder o perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga".

A este respecto añadió: "Luego borró todo, pero no por todo solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Lo dice la Ley de Protección de Datos española, lo dice la instrucción 2/19 de la Fiscalía General del Estado. Lo dice la guía de la propia. Lo dice cualquier instrumento normativo, lo dice el Incibe, lo dice el Cteaje, lo dice el Ministerio de Justicia, porque hay un principio, un principio básico básico en los datos, que es el de no conservación de datos, cuando no son necesarios, porque los datos son un patrimonio y si circulan por sitios que no deben son un perjuicio inmenso, es un principio básico, absolutamente básico.

Y apostilla: "si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio (el teléfono), que es cuando se eleva a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada. No iba a exponer mis datos durante 6 días а la ligera".

El registro del despacho del FGE

Sobre el registro de su despacho, Álvaro García, dijo en el Supremo: "Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la Fiscalía Española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo. Es inimaginable desde ese punto de vista de no imaginar jamás, nunca, que eso pudiera ocurrir, porque, como digo, no hay precedentes y es inimaginable para un fiscal verse en esa situación. No tiene nada que ver el cambio dispositivo con la falta de disposición de datos o el borrado, o cualquier otra cuestión que se ha planteado".

De hecho, sobre este tema, la fiscal del caso dijo, para explicar porqué no iba a preguntar, una de sus frases más fuertes: "Para investigar la filtración de un documento inane, se ha allanado, posiblemente imprudentemente y completamente de forma desproporcionada, la sede de la Fiscalía y este registro es para nosotros y ello debe aclararse. Por lo tanto, no vamos a someter a interrogatorio al fiscal general".