El expresidente de Bolivia niega tratos judiciales con Zapatero y reclama una investigación "imparcial y objetiva"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala ahora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre filtraciones de su vida privada y agenda personal, de haber ejercido tráfico de influencias en Bolivia para tumbar una causa judicial contra el Grupo Gloria, conglomerado peruano propietario de SOBOCE, a cambio de 200.000 euros. Esta cuantía, que el expresidente atribuye a unos pagos de consultoría en 2024 y 2025, son señalados por los agentes de la Policía Nacional como una supuesta “contraprestación” por aprovechar sus contactos con Luis Arce, exdirigente Boliviano, quien ha negado la mayor en un comunicado.

La UDEF se aventura en su informe a cuestionar la Justicia boliviana y asegura que la injerencia de Zapatero habría tumbado un caso contra la filial boliviana de Grupo Gloria, la mencionada SOBOCE, en connivencia con Arce. El principal problema de las contundentes aseveraciones de los agentes es que el proceso judicial que afecta a la empresa peruana no se ha cerrado y, de hecho, las autoridades bolivianas (Procuraduría), designadas en su momento por Arce, impugnaron la decisión del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) de dar tutela al amparo del Constitucional a la cementera.

“Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría -que representa los intereses del Estado- no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo con una posición absolutamente clara”, ha valorado Arce. Además, ha recordado que “no se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE”, pues es el Tribuna Constitucional Plurinacional (TCP) quien tiene la última palabra, momento en el que se decidirá sin finalmente se debe pagar la multa establecida o no.

Sobre la injerencia de Zapatero en este proceso, el expresidente boliviano ha garantizado que la relación que mantenían era “institucional y política”. “Las últimas conversaciones que sostuve con él fueron en el marco de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna por la que atravesaba el MAS-IPSP”, ha expuesto. En relación con su última reunión, celebrada en 2024 en La Paz, ha expuesto que abordaron diferentes materias, pero ninguna relacionada con lo judicial.

“Se abordó la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes de Evo Morales y el planteamiento de unidad del movimiento popular, que habíamos planteado junto a organizaciones sociales y sindicales, anteponiendo los intereses del pueblo boliviano a cualquier interés político personal. Esto con miras a las elecciones nacionales de 2025”, ha detallado el contenido de aquella última reunión. “No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE y desconozco la agenda que el expresidente Rodríguez Zapatero llevó adelante en Sucre”, ha asegurado.

Además, sobre el supuesto nexo entre Arce y Zapatero, la que fuera embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, el expresidente boliviano ha reseñado que desempeño su papel durante los gobiernos de Evo Morales. “No integró ningún cargo en mi Gobierno”, ha trasladado. Por todo, ha reclamado se sigan “parámetros del derecho internacional y en el marco de lo estipulado por nuestra Constitución Política del Estado para evitar arbitrariedades y condenas anticipadas”.

“Los Estados tienen la obligación legal de realizar una investigación imparcial, objetiva y que respete la presunción de inocencia. Estos mandatos obligatorios están consagrados en los tratados internacionales más importantes de derechos humano […] Por lo tanto, exijo que la investigación se lleve adelante bajo estos principios sin sacar conclusiones que más parecen condenas anticipadas con fines políticos”, ha zanjado.