En el marco del juicio por la Operación Kitchen, la Audiencia Nacional acoge este jueves la declaración como acusado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que sucederá a la del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el primero en declarar este 28 de mayo por la presunta operación parapolicial gestada en el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información delicada al extesorero del PP Luis Bárcenas y dificultar las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad; respecto a Martínez, el Ministerio Fiscal también pide la misma pena de cárcel. De esta forma, Anticorrupción detalla que la supuesta operación estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel que investigaba la Audiencia Nacional.
En esta línea, sostiene que el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa". "Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al procedimiento judicial", añade el Ministerio Fiscal. Para llevar a cabo todo ello, Anticorrupción añade que el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente por el excomisario José Manuel Villarejo, le daba toda la información y documentación sobre el extesorero a él y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, así como al comisario Andrés Gómez Gordo. Estos, por su parte, le transmitían la información al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Martínez, que informaban de todo ello a "Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".
"Indicios de manipulación" en los mensajes de Fernández Díaz
En este punto conviene recordar que durante la prueba policial del juicio se analizaron mensajes que Fernández Díaz habría enviado a Martínez -su ex número dos- informándole del volcado de dispositivos de Bárcenas llevado a cabo por la Policía Nacional, e interesándose por Ríos. Uno de los mensajes, reproducido en la vista oral y con fecha del 18 de octubre de 2013, apuntaba: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".
En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje coincidía en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos del extesorero del PP, un trabajo que, según reconocieron los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013. Tras ello, Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, y que declaró en el juicio a propuesta del exministro del Interior, señaló que detectó "indicios de manipulación" y que no pudo garantizar que fueran enviados por el exministro.
Indemnizaciones y penas para el resto de acusados
Tras las declaraciones de Martínez y Fernández Díaz previstas para este jueves, acudirán a testificar el resto de acusados, entre ellos, Pino y Gómez Gordo, para quienes Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Asimismo, la pena más alta la solicita el Ministerio Fiscal y es de 19 años de prisión para Villarejo, mientras que para el chófer de Bárcenas reclama una pena de 12 años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Por su parte, para el jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel. También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios. No se sentará en el banquillo García Castaño por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.
El escrito de acusación de Anticorrupción incluye que los acusados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Bárcenas con la cantidad de 6.000 euros, y a su esposa con 3.000, por ese presunto espionaje a su intimidad, advirtiendo los fiscales de que de ese dinero responderá subsidiariamente la Administración General del Estado. Además, considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino deberán indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 57.943 euros por el presunto delito de malversación --el dinero que le dieron de los fondos reservados al chofer de Bárcenas y a Villarejo durante la operación--. Y añade que respecto de esa cantidad total responderán también, de manera conjunta y solidaria, Ríos en la cantidad de 54.700 euros, Villarejo en 47.243 euros y Gómez Gordo en 10.000 euros.
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