El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, a la que ha terminado de imputar cuatro delitos, ha denunciado recientemente a ElPlural y la Cadena Ser por informar sobre las presuntas irregularidades de su chalet en La Adrada (Ávila).
Estos medios de comunicación, a los que se suma el activista Fernando Jabonero al figurar, según adelantaba este martes El Confidencial, como “fuente u origen” de la información, no son los únicos a los que ha denunciado el magistrado en los últimos meses.
Coincidiendo con la investigación a Gómez, el juez ha emprendido en este tiempo acciones judiciales contra varios políticos o periodistas en forma de escritos en los que apunta a la existencia de hechos constitutivos de supuestos “delitos de injurias y calumnias” y con los que advirtió de que, de no rectificar y cumplir con sus condiciones, podían enfrentarse a una “querella” con el correspondiente ilícito.
El magistrado de Plaza de Castilla ha pedido además indemnizaciones de decenas de miles de euros por los “daños morales y perjuicios causados” en la “difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor”.
Tertulianos o ministros del Gobierno
Entre los nombres que aparecen en la lista se encuentran, nuevamente, el de Fernando Jabonero, al que se suman Max Pradera, Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer o Sergio Calderón como director de Contenidos de RTVE. También Antón Losada como tertuliano habitual de RTVE. En el lado político destacan el ministro de Transportes, Óscar Puente, o su homólogo de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En total, Peinado les pidió un total de unos 200.000 euros.
El primero en recibir una solicitud de conciliación fue Max Pradera. La notificación le llegó en abril de 2025, siendo el desencadenante unos tuits que el periodista publicó en su cuenta de X, anteriormente Twitter en el “libre ejercicio” de su “libertad de expresión”, según señalaba él mismo en una conversación con el diario Público, mismo medio que dispuso de los escritos.
Entre otras publicaciones, Pradera difundió un hilo en el que hablaba del futuro del magistrado después de su jubilación y bromeaba con sus vínculos con el Partido Popular. “Tras jubilarse, tiene que colegiarse como abogado y empezar a facturar como tal, desde asesorías en chiringuitos del PP hasta cursos y conferencias en FAES”, indicaba uno de esos tuits.
La defensa del juez también mencionaba una “querella” que Pradera había presentado contra Peinado por un posible “delito de revelación de actuaciones procesales secretas” en mayo de 2024 que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió cinco meses después.
Asimismo, el togado le pedía que reconociera públicamente una quincena de afirmaciones relativas al contenido de sus tuits; que no bastaba con que solo los eliminara, sino que no volviera a “realizar manifestaciones difamatorias, insidiosas, (…) calumniosas u ofensivas”, según contaba Público en octubre de 2025.
Al escritor el juez le pedía 25.000 euros y el motivo -los tuits- se repitió en el caso de Jabonero después de que el activista le llamara “infractor urbanístico” y le acusara de “desconocer la ley de enjuiciamiento criminal”, unas declaraciones que se enmarcan de nuevo en las polémicas con su chalet. La cantidad solicitada era la misma y ambos acudieron a sendos actos de conciliación, donde rechazaron las condiciones planteadas por el denunciante.
Las demandas contra el periodista Ernesto Ekaizer y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llegaron por sus intervenciones en el programa Malas Lenguas. El primero se enfrentaba a la querella por haber dicho durante una emisión del programa, concretamente el 1 de agosto de 2025, que Peinado había asegurado que iba a “terminar con Pedro Sánchez” en una “hípica de Madrid” y “ante su grupito de admiradores”.
Ekaizer se pronunció en los mismos términos días más tarde, una información que el togado tachaba de “absolutamente falsa” mientras pedía a su vez retirar “cualquier contenido audiovisual o digital” que contuviera dichas afirmaciones y una rectificación. La indemnización en este caso contra el periodista y Calderón era de 60.000 euros.
La denuncia contra Iglesias iba en una línea muy similar y llegaba después de que el ex vicepresidente dijese que “quizá tenga razón la gente que dice que es un prevaricador” y la petición, previa querella, era la misma: retractase y no repetir ese tipo de declaraciones. A él y al director de Contenidos de RTVE le pidió también 60.000 euros.
El magistrado se centra en su demanda contra El Plural y la Cadena Ser, adelantada por el medio de comunicación señalado, pues todavía no ha llegado a las dependencias de este periódico, en la difusión de un expediente administrativo vinculado a la vivienda del togado.
El demandante incide en que estos datos no eran necesarios para informar de la situación administrativa de su inmueble, con lo que considera que se ha vulnerado su derecho a la intimidad en unas acciones en las que incluye también al activista Fernando Jabonero, en su caso como “fuente u origen” de la información.