El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha recurrido la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante el mismo organismo contra el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que ha investigado a Begoña Gómez. Bolaños ha cargado duramente contra el CGPJ por su “corporativismo” y “conservadurismo”.
El responsable de Justicia ha denunciado ante el organismo en varias ocasiones presuntas “irregularidades” del togado, entre ellas la supuesta “extralimitación” en sus funciones, coincidiendo con el momento en el que tomó declaración a Bolaños como testigo y pidió al Alto Tribunal que le investigara por malversación y falso testimonio.
Aquella petición se desestimó, si bien Bolaños denunció también presuntas filtraciones de escritos a la prensa antes de que se notificaran a la prensa.
427 días
En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Bolaños ha cargado contra la falta de “agilidad, rigor y defensa del interés general” del órgano de gobierno de los jueces. El ministro expone en el auto que “las irregularidades denunciadas protagonizadas por el magistrado instructor, muchas de ellas ampliamente conocidas por la opinión pública, han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia”.
“Lamentablemente, el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial, evidentemente dañado por la instrucción protagonizada por el denunciado, también en mi declaración testifical”, expone el documento.
Félix Bolaños considera que los hechos denunciados “no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados”.
Más en detalle, destaca que desde que presentó su primer escrito de queja han transcurrido 427 días, a pesar de que la investigación se circunscribía a “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Durante este tiempo, la actividad instructora desplegada ha sido “francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación”.
En todo este tiempo, dice Bolaños, se pidió “hasta en tres ocasiones” que las diligencias se agilizasen. Asimismo, desarrolla que la Constitución Española atribuye al CGPJ “funciones en materia de inspección y régimen disciplinario”.
Así las cosas, el ministro pide que el Poder Judicial “ejerza de forma plena y efectiva las competencias disciplinarias que el ordenamiento le encomienda cuando se denuncian hechos que, por su naturaleza y circunstancias, presentan una apariencia razonable de relevancia disciplinaria”.
Con todo, Bolaños sostiene que no es su intención llevar a cabo “un escrutinio de la potestad jurisdiccional” del juez Juan Carlos Peinado, ni de las resoluciones de éste.
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