Hasta ahora, la Fiscalía no había cuestionado ninguna de las decisiones tomadas por el juez Antonio Viejo en la investigación a Alberto González Amador por corrupción en los negocios. Sin embargo, la última decisión del juez de seguir bloqueando el acceso a la información tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso ha provocado el primer choque entre el magistrado y el Ministerio Público, que tendrá que resolver la Sección Tercera del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, donde se instruye la causa.
El fiscal Anticorrupción, Diego Lucas, interpuso el 29 de junio su primer correctivo al juez, en forma de recurso de apelación a su decisión de seguir impidiendo que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedan a la información de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social de los implicados. Dice el fiscal en su escrito que alargar estas pesquisas “genera un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento”.
Lucas apunta a Viejo que ya ha permitido “la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica” de los investigados, que es el acceso a su información bancaria. El juez permitió a la Benemérita indagar en las 17 cuentas de González Amador el pasado 10 de junio, seis meses después de que sus agentes lo solicitaran para poder avanzar en la investigación. Sin embargo, en ese auto, el juez rechazó las otras dos pesquisas que pedía la UCO, que son las que tienen que ver con la información tributaria del novio de Ayuso y el resto de implicados.
El fiscal hace suya la queja de la Guardia Civil, que respondió con un nuevo oficio a la decisión del magistrado. En él, los investigadores argumentaban que con el acceso a las cuentas bancarias no era suficiente para determinar posibles ilícitos en el flujo de dinero de los implicados. “Esto debido a que se trata de informaciones complementarias, cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse y que se puedan determinar las cuestiones de interés para la causa, la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos”, decía la UCO.
Viejo insiste en seguir bloqueando
Aun así, el juez insistió en que la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de los investigados desde 2014, que es lo que quieren conocer los agentes, no es indispensable para la instrucción. “No cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a los fines indagatorios de este proceso”, dijo el juez en su auto de respuesta al oficio de la UCO.
Todo esto se enmarca en la pieza separada en la que se investiga a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal, que discurre paralela a la otra en la que está acusado de dos delitos fiscales y falsedad documental. En lo que quiere seguir indagando la UCO es en la relación entre el novio de Ayuso y el dirigente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y su mujer. La adquisición por parte del empresario de la mercantil de esta última por medio millón de euros, y el posible cobro de una comisión por ese movimiento, son precisamente las partes centrales de la investigación.
Por ello, los agentes consideran indispensable conocer y contrastar todos los flujos de dinero entre los investigados. Las pesquisas que sí autorizó el juez han permitido conocer que González Amador facturó 4,4 millones de euros al gigante de la sanidad privada en los años en los que ya salía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que Quirón es contratista. Sin embargo, aún necesitan más que poder acceder a las 17 cuentas del novio de Ayuso y las 90 de Camino y su esposa.
La Fiscalía eleva la decisión en su primer choque con el juez
La UCO lleva pidiendo todo esto desde diciembre, cuando Antonio Viejo asumió el caso por la jubilación de la magistrada María Inmaculada Iglesias, quien había solicitado la intervención de la Guardia Civil hace un año. Al ponerse al mando el nuevo juez, los agentes pidieron la luz verde para acceder a las tres vertientes financieras de los investigados, que consideraban “determinantes para el esclarecimiento de los hechos”.
El juez ha tardado seis meses en responder a este oficio, aunque desde la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, apuntan que “la presente instrucción se encuentra prácticamente paralizada desde hace ya un año”. Ahora será la Sección Tercera la que tome la decisión.
De ella forman parte los jueces Eduardo Bermúdez Ochoa, Eduardo González del Campillo, Agustín Morales Pérez-Roldán, Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo y Juan José Escalonilla. Este último fue el instructor del caso Neurona, la presunta financiación irregular de Podemos que terminó demostrándose falsa. Hasta ahora, la Sección Tercera ha avalado las decisiones de los instructores en la causa contra el novio de Ayuso, como también lo había hecho la Fiscalía.
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