La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado retirar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. La decisión supone el primer recorte relevante en la acusación durante el juicio por las supuestas irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017, aunque no implica el archivo de la causa ni evita que el procedimiento continúe por el resto de delitos.
El tribunal ha adoptado esta decisión en la segunda sesión de la vista oral, después de que la Fiscalía ya advirtiera el pasado jueves de que una parte de las acusaciones dirigidas contra Sánchez debía quedar fuera del juicio por haber prescrito. En concreto, el Ministerio Público consideró que el delito de aceptación de nombramiento ilegal, de menor gravedad dentro del abanico de imputaciones, no podía seguir sosteniéndose en esta fase del procedimiento.
La resolución despeja una de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que habían reclamado la nulidad de la investigación y la exclusión de determinados delitos. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado anular la causa, por lo que el juicio seguirá adelante para examinar si hubo irregularidades penales en el diseño, creación y posterior adjudicación del puesto que ocupó David Sánchez en la institución provincial.
Un primer ajuste en el banquillo
El tribunal ha apartado también la acusación contra Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y dirigente socialista extremeño, en relación con el nombramiento de Luis Carrero, amigo de David Sánchez. Esta decisión responde a las alegaciones formuladas durante las cuestiones previas y limita el alcance de una parte de la causa, aunque no elimina el núcleo central del procedimiento.
El juicio gira en torno a la creación de una plaza de coordinador vinculada a los conservatorios de música de la Diputación pacense y a si ese puesto fue diseñado para beneficiar al hermano de Pedro Sánchez. La acusación sostiene que la plaza pudo ser concebida a medida y que la condición familiar de David Sánchez habría influido en el proceso. Las defensas, por el contrario, rechazan esa tesis y denuncian que la causa se ha construido sobre una investigación prospectiva, con un claro sesgo político y sin base suficiente para sostener las acusaciones.
La retirada del delito prescrito supone un alivio parcial para David Sánchez, pero no cierra su frente judicial. El hermano del presidente del Gobierno sigue sentado en el banquillo por otros delitos vinculados a la presunta contratación irregular, entre ellos prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según las acusaciones personadas en el procedimiento.
El tribunal rechaza tumbar la investigación
La segunda sesión de la vista oral ha servido también para que la Audiencia se pronunciara sobre la petición de nulidad formulada por las defensas. Los abogados habían cuestionado la validez de la investigación al considerar que los delitos finalmente enjuiciados no coincidían con los que dieron origen a la denuncia inicial y que se habrían vulnerado derechos fundamentales durante la instrucción.
El tribunal, sin embargo, ha rechazado esa tesis y ha avalado que el juicio continúe. Esta decisión permite que la causa entre ya en la fase de práctica de prueba, con la declaración de testigos y acusados. Está previsto que el procedimiento analice no solo cómo se creó la plaza, sino también qué papel desempeñaron los responsables de la Diputación de Badajoz en el proceso y si existieron indicios de trato de favor.
Un caso de alta carga política
El proceso contra David Sánchez tiene una evidente dimensión política por la identidad del acusado y por la presencia en el procedimiento de Miguel Ángel Gallardo, uno de los principales dirigentes socialistas en Extremadura. La causa ha sido utilizada por la oposición como uno de los frentes judiciales contra el entorno del presidente del Gobierno, mientras que las defensas insisten en que el procedimiento ha estado condicionado desde su origen por la repercusión política y mediática del caso.
La decisión de retirar uno de los delitos no altera, por ahora, la continuidad del juicio, pero sí rebaja parcialmente el perímetro penal de la acusación. La Audiencia deberá determinar ahora si los hechos que siguen bajo examen tienen relevancia penal o si, como sostienen las defensas, se trata de una contratación administrativa que ha sido elevada artificialmente a la categoría de causa judicial por el perfil familiar y político de los implicados.
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