La corrupción vinculada al Partido Popular de Valencia parece que no tiene límites. El Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, el que instruye el caso Taula, acaba de incoar unas nuevas diligencias previas por un tema de ‘zombis’, trabajadores que cobran sin ir a trabajar, vinculadas a la empresa pública Ciegsa. De hecho, según ha podido saber ElPlural.com, se ha citado a declarar como imputadas a dos personas: José López Guardiola, exconsejero delegado de la empresa, y Pablo Carreres, exasesor que tuvo un contrato de alta dirección en Ciegsa durante tres meses. Ambos vinculados al PP valenciano.
Denuncia perdida
Lo llamativo del tema es que este procedimiento se abre a finales de septiembre, pero procede de una denuncia presentada por la Abogacía de la Generalitat en el año 2017, es decir, hace cuatro años. De hecho, la Abogacía señalaba a más personas como posibles partícipes de esta modalidad delictiva, pero una vez aparecida la denuncia, la mayor parte de los delitos habían prescrito, por lo que solo se ha podido citar a López Guardiola y Carreres.
Entre las pruebas con las que cuentan los investigadores, aportadas por la Abogacía de la Generalitat, y que deberán ser acreditadas por la juez instructora y por el fiscal Anticorrupción, se encuentra el hecho de que uno de los investigados no tenía despacho, ni cuenta de correo electrónico de Ciegsa. Ni si quiera se le vio aparecer por las oficinas durante el tiempo en que duró su contrato. Según ha podido saber este periódico, en aquella época estaba de asesor en la Conselleria de Educación. Si la denuncia se hubiera tramitado en tiempo y forma, no solo habría más investigados, sino que el tema se habría acumulado en la famosa pieza de los ‘zombis’ que ya cuenta con auto de procesamiento.
Entre los procesados dentro de las piezas de los ‘zombis’ originales se encuentran, además de las personas que supuestamente cobraban sin ir a trabajar, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonki’ del dinero’ o el empresario, José Adolfo Vedri, quien tenía a un trabajador de su empresa de comunicación cobrando como asesor de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.
