La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes el juicio contra los seis encausados por la presunta estafa piramidal de Arbistar. Esta trama estaba dirigida por el supuesto líder Santiago Fuentes Jover y pretendía presuntamente defraudar 92 millones de euros a más de 6.000 inversores a través de esta plataforma de comercialización de criptomonedas.
La Fiscalía acusa a Fuentes Jover de cometer una estafa singularmente agravada en su modalidad de delito masa, organización y dirección de organización criminal y falsificación en documento mercantil cometido por particular. La Fiscalía solicita para él una pena de 29 años y 9 meses de cárcel y una multa de 540.000 euros. Todos los acusados deberán también indemnizar conjuntamente a los perjudicados como consecuencia del perjuicio económico derivado del fraude.
En agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos y Arbistar se negó. Poco tiempo después, en septiembre, "la empresa decretó el cierre del 'Community Bot', (una herramienta que ofrecía a sus inversores) a través de un comunicado, alegando un supuesto fallo en el programa informático". La razón que esgrimió fue que se realizaron de manera automática compraventas y que se habían generado "más intereses de los realmente obtenidos, produciendo así un irreversible descuadre contable". Según el comunicado de Arbistar "ello obligaba a congelar los fondos de los usuarios".
En total 6.807 usuarios han resultado perjudicados por esta estafa piramidal. El fiscal sostiene que el plan defraudatorio "fue ideado por Fuentes Jover" y consistía en crear un negocio jurídico en apariencia lícito, "prometiendo altas rentabilidades a los clientes e induciéndoles de este modo a realizar una transmisión patrimonial en criptomonedas, con la intención preconcebida de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se había comprometido".
La trama se sostenía sobre una "propaganda mendaz" según el Ministerio Público. Mediante herramientas informáticas ficticias como el 'Community Bot' la empresa prometía a sus clientes una revalorización de entre un 8 por ciento y un 15 por ciento mensual en sus ahorros.
"También ofrecían otros incentivos con el doble objetivo de mantener a los clientes y al propio tiempo conseguir la llegada de nuevos inversores, como el llamado 'Plan Amigo', en el que todos aquellos clientes que aportasen algún cliente nuevo reciban supuestamente una compensación en criptomonedas", explica.
Desde el ministerio explican que la trama utilizaba el dinero invertido de los nuevos inversor para entregarlos a otros inversores más antiguos para poder pagar los altos intereses prometidos. Esto les garantizaba que la apariencia de las inversiones era "segura y muy rentable" pues los beneficios se producían casi de manera inmediata.
El juicio contra esta trama se celebra en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), y se han programado 14 días de sesiones por lo que se prevé que quede visto para sentencia el 11 de abril.